(EFE).- España rememorará el 25 aniversario del 23-F, la fracasada intentona golpista protagonizada por un grupo de militares que tomaron con las armas el Parlamento y sacaron los tanques a la calle para derribar a la entonces joven democracia española.
En la tarde del 23 de febrero de 1981, 200 guardias civiles entraron por la fuerza en el Congreso de los Diputados y mantuvieron secuestrados durante 18 horas a los parlamentarios, al Gobierno en pleno y a los principales dirigentes de la oposición.
Al frente se situó el teniente coronel Antonio Tejero, que hoy se dedica al cultivo del aguacate en Andalucía tras haber sido condenado a 30 años de cárcel, y cuya imagen, pistola en mano en el estrado del Congreso, se convirtió aquel día en unos de los iconos de la historia reciente de España.
Sus exabruptos al entrar en la sede parlamentaria -"¡quieto todo el mundo...se sienten, coño!"- aún resuenan en la memoria de los españoles que aquella noche temieron por el fin de la democracia, recuperada tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.
Fue el momento más crítico del proceso de transición política en España y en el que muchos pensaron que la historia se repetiría, 45 años después del inicio de la Guerra Civil (1936-1939) que puso fin al proyecto democrático de la II República, nacida en 1931.
El contexto era amenazador, con una severa crisis económica, las acciones terroristas de ETA, el debate sobre el modelo territorial del Estado y el rechazo a la democracia en sectores de las Fuerzas Armadas, sobre todo militares que hicieron la guerra con Franco.
Los golpistas eligieron la sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno, tras la dimisión de Adolfo Suárez, como el momento para hacerse con las riendas del poder.
Aquellos sonidos e imágenes fueron grabados por las cámaras y dieron la vuelta al mundo, al igual que los tanques rodando por las calles de la ciudad de Valencia, donde el general Jaime Milans del Bosch declaró el estado de excepción.
Junto a Tejero, este general fue uno de los cabecillas de la intentona y trató durante toda la noche de convencer, sin éxito, a otros altos cargos militares de secundar la acción.
Que el golpe se malograra tuvo mucho que ver con el fracaso del general Luis Torres Rojas en movilizar una división acorazada cercana a Madrid, que debía ocupar los lugares estratégicos de la capital, entre ellos las estaciones de radio y televisión.
No pudieron emitir un comunicado anunciado el éxito del golpe y no pudieron evitar que se emitiera un mensaje en el que el rey Juan Carlos, vestido de Capitán General de los Ejércitos, condenó la acción de los militares y defendió la Constitución.
Habían pasado más de seis horas desde el asalto al Congreso, en las que el rey habló con los jerarcas militares para corroborar su lealtad, y a partir de ese momento el golpe se dio por fracasado.
La importancia del papel del rey la suscribe también el histórico dirigente comunista Santiago Carrillo, que confió desde el principio en el compromiso democrático de Juan Carlos I y pensó en él como la única persona que "tenía la posibilidad de parar el golpe".
En estos 25 años, en algunos ámbitos se sembraron dudas sobre la actitud del rey en esas horas dramáticas, frente a las que Alfonso Guerra afirma que "lo absolutamente cierto es que si (el rey) se hubiera pasado al otro lado el golpe triunfa, y no se pasó del otro lado. Eso es lo único verdaderamente importante".
Muchas miradas se giraron hacia el general de División Alfonso Armada, que fue estrecho colaborador del rey durante varios años y a quien los conspiradores habían designado para ocupar la presidencia del Gobierno si el golpe de Estado terminaba con éxito.
El militar, en libertad en 1988 y dedicado hoy al cultivo de camelias en Galicia (noreste), sigue negando su participación en el golpe y asegura: "no tuve nada que ver con el 23-F, ni con su organización ni con nada. Lo he dicho siempre, pero nadie me cree".
Quedan por resolver otras incógnitas, como qué sabían los servicios de información sobre lo que se preparaba, qué sabía el Gobierno de EEUU y, fundamentalmente, dónde están las 125 cintas de conversaciones telefónicas grabadas aquella noche por orden del director de la Seguridad del Estado y que nunca aparecieron.
Informes confidenciales
Un informe, que consta de 16 páginas y no tiene firma o autor, fue enviado por el general Emilio Urrutia, jefe del Estado Mayor de la Tercera Región, al general Luis Caruana y Gómez de Barreda, gobernador militar de Valencia, el 4 de marzo de 1981, tras el fracaso del golpe de Estado y el arresto del general Milans del Bosch.
Estos documentos, dados a conocer por el diario español El Mundo, revelan que el capitán general de la Tercera Región Militar, Jaime Milans del Bosch, estaba poniendo en marcha la operación 'Alerta Roja', que consiste en controles de seguridad sobre los acuartelamientos de la zona, y después convocó en su despacho una reunión de urgencia con su alto mando para "dar cuenta de un asunto muy grave".
Milans del Bosch informa al general jefe del Estado Mayor (JEM), al coronel segundo JEM y a los cuatro jefes de Sección que "la situación de España es muy grave" y de los acontecimientos que van a ocurrir en las próximas horas: "Podía producirse en Madrid un hecho importante y, por supuesto, incruento, al que hay que estar atentos".
En total, son siete los militares que se encuentran en el despacho del capitán general y tan sólo dos de ellos los que están perfectamente informados de lo que se avecina: el propio Milans del Bosch y el coronel Ibáñez Inglés. El resto, los coroneles y tenientes coroneles José Luis Somalo, Horacio Santos, Joaquín Pacheco y Jaime Güerri, más el general jefe del Estado Mayor, no saben lo que traman y preparan los dos primeros.
Estos relatos aparecen en el informe confidencial que describe cómo ocurrió el golpe durante el 23-F y el 24-F de 1981 en la Capitanía General de Valencia.