(EFE)- El aborto se ha convertido en un "método anticonceptivo" en Argentina, donde el 40 por ciento de los embarazos es interrumpido con prácticas clandestinas, porcentaje que dobla al promedio de los restantes países de Latinoamérica.
Esta es la principal conclusión de un informe presentado hoy en Buenos Aires por Human Rights Watch, que instó al Gobierno y a la sociedad argentina a generar un debate sobre el aborto y el acceso a los métodos anticonceptivos convencionales.
Para la organización internacional de defensa de los derechos humanos, las restricciones que existen en nuestro país para el acceso al aborto y a los anticonceptivos amenazan los derechos básicos de las mujeres a la vida, la salud y la igualdad.
El aborto está penado por las leyes argentinas, salvo en los casos en los que la vida o la salud de la madre corran peligro o cuando el embarazo sea el resultado de una violación de una mujer mentalmente discapacitada.
Al presentar el informe, Marianne Mollmann, integrante de la División de Promoción de los Derechos de la Mujer de Human Rights Watch, admitió que la organización humanitaria eligió a Argentina para elaborar el estudio por la gravedad que supone el hecho de que todos los años se realicen unos 500 mil abortos en el país.
"El número es alto y es un claro indicador de que la mujer en Argentina no está en condiciones de tomar decisiones sobre su vida, su cuerpo, su sexualidad y su salud", aseguró la estadounidense.
El informe, realizado entre septiembre y octubre del año pasado en las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Santa Fe, identificó además como otro de los problemas en esta materia la inexistencia de una educación sexual estandarizada en las escuelas públicas.
También aludió a la falta de acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos en los centros públicos de salud, pese a que está reglamentado en una ley que entró en vigor en 2003, y a las "restricciones de facto" para la esterilización femenina voluntaria, conocida como "ligadura tubaria".
"Esta práctica no es un crimen en Argentina, pero los hospitales públicos piden requisitos increíbles, como la autorización del marido y hasta una determinada edad y cantidad de hijos. Aún cuando cumplen con esas exigencias, hay mujeres que deben rogar a los médicos y jueces para someterse a una ligadura tubaria", comentó.
Mollmann explicó que ante una situación de embarazo no deseado en Argentina las mujeres se ven obligadas "a recurrir al aborto clandestino y por lo tanto inseguro" o a dar a luz a su hijo "sabiendo que no van a poder alimentarlo". "No es una decisión digna de una sociedad democrática como la argentina", consideró.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, destacó a su vez que en los últimos quince años han habido al menos 122 pronunciamientos de órganos de las Naciones Unidas que protegen los derechos fundamentales de la mujer, entre ellos el aborto.
En ese sentido, precisó que las leyes que restringen el aborto tienen un efecto "devastador" sobre el derecho a la vida de las mujeres y recordó que cerca del 30 por ciento de las muertes maternas en Argentina y del 13 por ciento en el mundo "son atribuibles a abortos inseguros".
El informe hace una serie de recomendaciones al Gobierno argentino, entre ellas asegurar el acceso a información y a una gama completa sobre anticonceptivos, además de garantizar el derecho a un aborto voluntario y seguro y a una atención "humanizada" después de someterse a esta práctica, sin temor a una sanción penal.
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