La Justicia ordenó ayer la detención del comisario retirado Carlos Sablich, ex titular de la División Delitos Complejos de la Policía Federal, y de otros jefes policiales que investigaron el secuestro de Mauricio Macri, ante la sospecha de que hace casi quince años habrían torturado a dos detenidos en el caso.
Según fuentes judiciales, la orden fue dictada ayer por el juez de instrucción porteño Luis Zelaya, quien acató la recomendación de sus superiores y procesó con prisión preventiva a nueve uniformados que prestaron servicio en el área de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal, a principios de los ྖ.
Voceros de la Federal dijeron que los acusados "se estaban presentado" ante la Justicia en las últimas horas y quedaban detenidos en la sede de Delitos Complejos.
El principal involucrado fue Carlos Sablich, quien investigó el caso de Macri y se convirtió en experto en secuestros.
Incluso, llegó a ser jefe de Delitos Complejos de la Federal hasta que se retiró a mediados del año pasado, luego de que varios de sus hombres de máxima confianza quedaran involucrados en una supuesta conexión con la banda que secuestró al joven Axel Blumberg, asesinado por sus captores.
La orden de detención también apuntó a los comisarios Vicente Palo, Ricardo Leiva, Juan Carlos José, Oscar Rodena, Jacinto Gutiérrez y Alberto Armentano y a los suboficiales Julio Ontivero y Héctor Paneli, indicaron las fuentes judiciales.
Todos fueron imputados por supuestos "tormentos" y "privación ilegal de la libertad" aplicados a dos policías acusados por el secuestro de Mauricio Macri, quienes fueron condenados y luego absueltos, precisamente, por esos apremios que habrían sufrido durante su detención.
De ser confirmadas las sospechas en su contra, los policías podrían ser condenados a penas de hasta 25 años de cárcel. El artículo 144 "ter" del Código Penal reprime con 8 a 25 años al funcionario público que impusiere cualquier clase de tortura.
La Cámara Federal porteña había absuelto a los ex suboficiales federales Juan Carlos Bayarri y Carlos Alberto Benito, que habían sido condenados como supuestos integrantes de la "banda de los comisarios", que llevó adelante cinco secuestros entre 1978 y 1991, entre ellos el del actual presidente de Boca Juniors.
Según determinaron hace unos meses los jueces Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani, de la sala I de la Cámara Federal, las pruebas que los terminaron incriminando les fueron arrancadas a través de supuestas torturas tras ser arrestados.
De acuerdo a la causa, Benito sufrió la pérdida de tres dientes por los golpes recibidos. Y le clavaron pinches debajo de las uñas y le sumergieron la cabeza en un tacho con agua.
Benito aseguró además que "Sablich le dijo que tenía que declarar lo que había aprendido porque era capaz de ir a buscar a su esposa y matarla delante de su hijo".
Bayarri denunció haber sido llevado al ex centro de detención ilegal conocido como El Olimpo, donde le aplicaron la picana eléctrica, al igual que a su padre. Los forenses determinaron que esas lesiones habrían derivado en el estallido de un tímpano.
El ex suboficial Miguel Angel "Jopo" Ramírez, también implicado en el caso Macri, denunció torturas pero no pudo probarlas.
El secuestro de Macri ocurrió en la noche del 23 de agosto de 1991, cuando conducía su auto por la exclusiva zona porteña conocida como Barrio Parque, de Palermo, donde vive su padre, y fue cercado y obligado a subir a un auto.
Estuvo 14 días en un cuarto, donde le pidió a sus captores: "No me maten, soy el futuro presidente de Boca".
Macri fue liberado en la ciudad bonaerense de Lomas de Zamora la medianoche del jueves 5 de setiembre de 1991, después de que su padre pagara un millonario rescate.
En agosto del 2001 la Justicia condenó a penas de reclusión perpetua a los ex policías José "Turco" Ahmed, Juan Carlos "Pelado" Bayarri y Miguel Angel "Jopo" Ramírez, por integrar la supuesta "banda de los comisarios" que estaba prolijamente dividida en cuatro grupos: uno de inteligencia y captura, otro de traslado, postas y cobro de rescates, el tercero de cuidado y liberación de los secuestrados y un cuarto de apoyo y comunicaciones.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral condenó además a Ramón "Mario" Avalos, a 15 años de prisión; a Carlos "Pocho" Benito, a 11 años; a Héctor Ferrer, a cinco (unificada en ocho por delitos anteriores), y al ex comisario general Raúl González, también a cinco años.
Las defensas apelaron y la Cámara Federal apuntó a la teoría del "fruto del árbol envenenado" y entendió que las confesiones que habrían hecho Benito y Bayardi no podían ser válidas como pruebas, mientras redujo las penas de varios de los condenados.
El juez Zelaya ya había sobreseído varias veces a los policías imputados, pero en todas las oportunidades la Cámara del Crimen porteña le ordenó profundizar la investigación.
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