La Asamblea de la Cruceñidad -que tiene clara hegemonía empresarial- exigió anoche que el referendo se realice el 12 de agosto, coincidiendo con las elecciones de prefectos (gobernadores) departamentales.
Para esto, advirtió que si su demanda no es atendida por el congreso antes del próximo jueves -último día del plazo legal de tres meses de anticipación fijado a tal efecto-, "se implementará de hecho el régimen autonómico para el departamento de Santa Cruz".
Por otra parte, el Comité Cívico de la sureña Tarija, de posiciones afines a las de su par de Santa Cruz, radicalizó ayer una huelga general iniciada el pasado jueves exigiendo el traslado de la oficina principal de la empresa petrolera estatal, de La Paz a esa ciudad ubicada a 920 kilómetros al sur de la capital.
Las dirigencias de los comités cívicos de Santa Cruz y Tarija expresan criterios afines a los de las transnacionales petroleras, en el marco de los debates sobre una nueva ley de hidrocarburos que afecta los intereses de esas empresas,
Organizaciones de izquierda y sociales acusan a los movimientos regionales cruceño y tarijeño de tener posiciones al servicio de las transnacionales.
Conocida la decisión de la Asamblea de la Cruceñidad y la amenaza de declaratoria autonómica, el Parlamento nacional decidió analizar la situación en una sesión que se iniciará ayer a las 16 (17 de Argentina), informó el diario boliviano La Razón.
De acuerdo a lo informado por el citado diario en su edición on line, a esa cita las bancadas "llevarán posiciones divididas por intereses regionales antes que partidarios".
La amenaza cruceña plantea actuar "junto con aquellos departamentos que estén de acuerdo con esa medida" y entre los fundamentos de la decisión recuerda la presentación de una petición firmada por casi 300 mil ciudadanos, cifra superior al número requerido para la convocatoria de un referendo.
La izquierda, las organizaciones populares y los comités cívicos del occidente andino del país plantean priorizar la Asamblea Constituyente o, en todo caso, que el referendo autonómico se celebre junto a la elección de la asamblea.
Para estos sectores, el proyecto autonomista cruceño es una alternativa contraria a la llamada agenda de octubre, conformada por exigencias de cambios, principalmente la Constituyente, planteada por la rebelión social que en octubre de 2003 empujó a la renuncia el entonces presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada.
En Tarija, por su parte, grupos de activistas, en medio de amenazas en algunos casos separatistas, tomaron diversos edificios públicos, el principal de los cuales, la Prefectura, está ocupado por un grupo de jóvenes desde antes del inicio de la huelga.
El comité tarijeño alega que la mayoría de las reservas de gas y petróleo del país se encuentran en esa región y reclama, además, la construcción de una carretera a Paraguay, entre otras exigencias.
El presidente Carlos Mesa dispuso el viaje a Tarija de los ministros de la Presidencia, José Galindo; de Servicios y Obras Públicas, René Gómez, y de Hacienda, Luis Jemio, para negociar los reclamos.
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