La decisión, vigente a partir de ayer, despertó la ira de los empresarios nucleados en la Cámara de Supermercados, quienes calificaron como arbitrario el procedimiento y anunciaron que apelarán la resolución.
"Algunos locales ni siquiera cuentan con la aprobación de los planos de construcción y hace más de 20 años que están funcionando", dijo Julio Ramírez, director de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Asunción.
Los fiscales que investigaron el incendio del 1 de agosto, la peor tragedia de este tipo que vivió Paraguay, concluyeron que el local no reunía condiciones mínimas de seguridad para enfrentar situaciones de emergencia: las alarmas contra incendios no se escucharon y las salidas de emergencia estaban bloqueadas.
Ramírez dijo que los propietarios de los supermercados clausurados deberán adecuar los edificios a las normas municipales en el mínimo plazo posible, para que puedan ser habilitados al público nuevamente.
"Esto es un procedimiento arbitrario. Se deben respetar todas las instancias y no autorizar el cierre en forma injustificada", dijo el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, Horacio Rey.
Rey se refirió a un acuerdo entre los propietarios de supermercados y la municipalidad en el que las autoridades de Asunción se comprometían a fiscalizar los locales, recomendar medidas de seguridad y otorgar tiempo para las modificaciones.
"Queremos ponernos en regla, por eso firmamos un convenio, para aceptar las recomendaciones y realizar medidas de prevención", dijo por su parte Alberto Sborovsky, propietario de uno de los locales clausurados.