Beliz defendió el proyecto de reducir la edad de imputabilidad

"Vamos a complementar la ley que enviamos con otra que refuerce el régimen integral de protección a los menores que ahora, están sometidos al arbitrio de los jueces", señaló el ministro de Justicia

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El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, defendió el proyecto de reducir a 14 años la edad de imputabilidad, y enfatizó que en ningún caso los menores cumplirán penas en establecimientos carcelarios de adultos.

Beliz destacó que el programa del Gobierno no prevé la disminución de la edad de imputabilidad como "una medida aislada sino como parte de un "régimen integral de protección a la niñez que involucra también un refuerzo de becas educativas".

"Vamos a complementar la ley que enviamos con otra que refuerce el régimen integral de protección a los menores que ahora, están sometidos al arbitrio de los jueces", señaló el funcionario en declaraciones que formuló en el Ministerio de Justicia.

Beliz reconoció que se debe "mejorar el sistema de instituciones de menores", por lo que el plan de recursos no se destinará "sólo al sistema penitenciario sino también a fortalecer los institutos para que los menores tengan allí el debido nivel de socialización".

El ministro garantizó que se distinguirán las penas "entre los hechos más graves y aberrantes y los de menor gravedad", y que los menores "no van a ir a cárceles de mayores".

Aclaró que "la instancia de privación de la libertad" de los menores se producirá "en los casos más graves, qye no justifican que esté en la vía pública".

El proyecto que elaboró el Gobierno contempla un régimen diferenciado para los menores de entre 14 y 16 años que cometan delitos, que implicará la detención sólo para los casos en que las penas mínimas superen los 5 años de prisión.

En ese sentido, los menores de 14 y 15 que cometan delitos serán alcanzados por el Código Penal, pero con un "sistema especial con penas privativas y no privativas de la libertad".

Se trata de uno de los capítulos más polémicos del Plan Estratégico de Seguridad que anunció el Gobierno el lunes último, y que es cuestionado por sectores defensores de los derechos humanos, legisladores de centroizquierda y diputados del justicialismo.

La iniciativa oficial implica que, para los menores de 14 y 15 años, "la detención se producirá si el delito tiene una pena mínima de cinco años" y que la detención, en ese caso, "no podrá extenderse por más de cinco años".

También destaca que los menores quedarán comprendidos dentro de los derechos y garantías del sistema penal, al dejar de lado la ley de Patronato que permitía la "discrecionalidad" del juez a cargo del caso.

En tanto, los jóvenes de entre 16 y 17 años "podrán ser privados de su libertad si cometen un delito con una pena mínima de dos años y medio"; en este caso, la detención no podrá "superar los nueve años" y habrá revisión de sanciones cada tres meses.

El proyecto agrega que se instrumentará un "régimen progresivo de penas entre los 14 y los 18 años"; un sistema de "internación como último recurso" y un régimen "especial para los menores detenidos".

En tanto, una encuesta difundida hoy por un matutino porteño, señala que, entre los menores que cometen delitos, el 30, 6 por ciento está involucrado en casos de robo; el 12,7 por ciento de los casos involucran "lesiones leves"; el 11,24 por ciento es por "robo en banda"; el 9,3 por "hurto" y el 8,7 por ciento por "robo con armas".

La estadística elaborada por la asociación Unidos por la Justicia, marcó además que entre los menores que cometen delitos, el 40,43 por ciento tiene 17 años; el 25,4 por ciento cuenta con 16 años; el 15,22 es cometido por jóvenes de 15 años; el 9,78, por chicos de 14 años y poco más del 9 por ciento por menores de entre 8 y 13 años.