La Justicia de Morón declaró ayer la "quiebra con continuidad" de la empresa Transportes del Oeste, por lo cual los más de mil trabajadores de ese servicio, que dejó de funcionar hace 12 días, están a la espera del inicio de una mesa de trabajo entre gremialistas, funcionarios y síndicos de la firma para definir el modo en que volverá a prestar servicio.
Según informó Pablo Heller, abogado de los choferes, " a raíz de esta decisión en la planta que la empresa tiene en la localidad bonaerense de Morón, esta madrugada se vivía un clima de tensión, ya que se apersonó en el lugar uno de los tres síndicos nombrados por la Justicia tras la quiebra, los mismos que se encargaron de la extensa y frustrada convocatoria a acreedores años atrás".
Heller explicó que "los obreros de Transporte del Oeste esperan ahora una definición por parte de los síndicos que nombró el Juez Del Castillo Walger, del Juzgado en lo Civil y Comercial número 3 de esa jurisdicción, para que pueda iniciarse la mesa de trabajo tripartita en que definirán las condiciones laborales para reanudar el servicio".
Marcelo González, delegado de los choferes dijo que "los trabajadores exigimos que la continuidad del servicio se dé sobre la base de preservar los puestos laborales, respetando todas las cláusulas de convenio".
"Y que al mismo tiempo funcione la mesa de trabajo acordada con la Secretaría de Transporte nacional, para lo cual hace falta el consentimiento de los síndicos, que establece entrega gratuita de combustible durante 60 días y una ayuda salarial a partir de julio próximo", agregó González.
En lo referente a la ayuda de 150 pesos mensuales por obrero que el ministerio de Trabajo se comprometió a entregar por un lapso de seis meses, la parte gremial solicitará que se adelanten las cuotas porque los trabajadores "no cobran hace cuatro meses", dijo Heller.
La idea es que con ese adelanto se puedan cubrir lo adeudado y entregarle a cada trabajador 450 pesos a fin de que puedan mantener a su familia.
Fuentes del gobierno indicaron que "autoridades del Ministerio de Transporte citarán a los nuevos síndicos para ver si se puede poner en marcha la mesa de trabajo".
Ayer, poco antes del mediodía, mientras los choferes realizaban un escrache en los Tribunales de Morón contra el juez E. Del Castillo Walger, que interviene en el conflicto, éste decretó la quiebra de la empresa.
El delegado González denunció que "el juez Del castillo Walger, sugestivamente trabó toda la vía de solución al no firmar el miércoles el acta de compromiso entre los choferes, Gobierno y Justicia en el ámbito del Ministerio de Transporte, porque según él, faltaba la otra parte interesada (los dueños de la empresa concursada), ahora se despachó con la quiebra, no sé que intereses mueven al juez para tomar esa determinación que jaquea a más de mil trabajadores".
El conflicto mantiene paralizado desde hace doce días a esa línea de colectivos que cubre Capital Federal, Caballito, con las localidades de Las Heras y Navarro, afectando a 90 mil usuarios de la zona oeste.
Otro de los delegados de los choferes, Ricardo Hipp, dijo que "en la breve reunión mantenida el último miércoles con el Presidente Kirchner, éste se comprometió a encontrar una solución mediante el otorgamiento de un subsidio diario de gasoil para las 148 unidades disponibles para volver al servicio, amén de conformar una mesa negociadora de salarios".
Transporte del Oeste cubre con distintos ramales entre el barrio de Caballito, de Capital Federal y Moreno, al oeste del conurbano con las líneas 136; 253;163 y 321.
El servicio afecta a 90 mil usuarios que viajan diariamente desde Navarro; Las Heras; Marcos Paz, San Miguel, Barrio Marina y Castelar hacia el barrio de Caballito, en Capital Federal.
La empresa Transporte del Oeste tiene 450 unidades, aunque por la crisis que atraviesa sólo un cuarto está en funcionamiento.
Otro de los reclamos de los choferes dice que " el auxilio económico sea la base para que en combinación con la Justicia se aparte al directorio y se nombre un administrador oficial de transición mientras se busca una solución definitiva, nombrando funcionarios para monitorear que el dinero vaya a donde corresponda".
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