Fuentes tribunalicias confirmaron ayer que la magistrada otorgó el beneficio debido a la enfermedad que padece el ex banquero, luego de rechazar, días atrás, un pedido de excarcelación presentado por su defensa.
El fiscal federal Luis Comparatore aprobó la concesión del arresto domiciliario, pero pidió que la medida se implemente con algunas condiciones accesorias, tales como una custodia especial sanitaria, con visitas médicas cada 15 quince días.
Según los últimos exámenes médicos, Pando Casado tiene una "grave" afección hepática, que las fuentes consultadas atribuyeron a la ingesta de alcohol.
Otras de las medidas a las que deberá someterse el ex directivo del BGN es una pericia -encomendada a expertos de la Facultad de Medicina- para determinar si al momento de los hechos pudo comprender la criminalidad de sus actos, ya que en la actualidad su abogado sostiene que es inimputable.
Pando Casado fue detenido a mediados de 2002 cuando, de acuerdo a los trascendidos de ese momento, se hallaba en un restaurante de la zona de Puerto Madero, de esta capital, festejando la derogación de la ley 20.840, conocida como de "subversión económica".
El ex directivo del BGN estuvo alojado en dependencias de la División Delitos complejos de la Policía Federal hasta que Servini de Cubría le dictó prisión preventiva y un embargo de $100.000.000 como organizador de una asociación ilícita que habría causado multimillonarios perjuicios al Estado.
En la causa también está procesado con prisión preventiva y un embargo de $100.000.000 el vicepresidente del BGN Carlos Rohm, en tanto que su hermano y ex presidente de la entidad, José "Puchi" Rohm, se halla prófugo de la justicia.
Fueron procesados el gerente del BGN, Rufino Basavilbaso Alvear, y el contador de la entidad, Adrián Couce, prisión preventiva, pero con sendos embargos de 50.000.000 de pesos sobre sus bienes.
Imputaciones
A los directivos del BGN se les imputa haber montado una serie de operaciones financieras, con firmas vinculadas, que permitió sacar divisas del país, previo al bloqueo de fondos en los bancos, dispuesto en noviembre de 2001 mediante un sistema de normas que en la jerga popular se conocen como "corralito financiero".
El sumario penal se abrió ante la denuncia de la diputada nacional Marcela Virginia Rodríguez a quien luego se sumaron las legisladoras de Alternativa para una República de Iguales (ARI) Elisa Carrió y Graciela Ocaña, con fundamento en un informe de la Comisión de Lavado de Dinero del Congreso.
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