César Vicente, capitán del tanquero "Moruy" -también en paro- aseguró a la emisora Unión Radio que la acción militar ejecutada anoche "obedeció al supuesto 'desacato' de la tripulación a una orden judicial emitida el jueves para reactivar la industria petrolera".
El buque fue el primer tanquero que ancló en el lago Maracaibo (500 km al oeste de Caracas) para desatar la parálisis de la industria petrolera en contra del gobierno de Hugo Chávez que cuesta hasta 50 millones de dólares diarios a Venezuela.
La embarcación forma parte de la flota de 21 buques de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Vicente aseguró que "un comando de guardacostas abordaron al 'Pilín León' donde arrestaron y desembarcaron a la fuerza a parte de su tripulación" del tanquero que carga alrededor de 280.000 barriles de combustible (44 millones de litros de gasolina).
El capitán, quien mantiene anclado a su buque junto al "Pilín León", sostuvo que es "inexistente" la razón judicial de esa acción militar.
"En todo caso quien está en desacato es la Armada al bajar a esa gente del buque, cuando un juez había dicho que no lo hicieran", recordó.
La comandancia de la guarnición del estado de Zulia (oeste) anunció la tarde del viernes que la Armada tomaría el control del "Pilín León", amparado en una decisión del jueves del Tribunal Supremo de Justicia.
"Si cualquier persona se atreve a obstaculizar el proceso de traslado, estará desobedeciendo una orden judicial, por lo cual es un desacato", advirtió el comandante Alberto Gutiérrez.
La prensa local informa hoy que el partido opositor socialcristiano Copei solicitó ayer al Tribunal Supremo de Justicia la destitución del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, "por ordenar a los militares desobedecer las sentencias judiciales".
Según indica el legislador copeyano César Pérez Vivas al diario "El Nacional", las declaraciones del presidente Hugo Chávez "constituyen un grave atentado contra la vigencia del Estado de derecho".
Pérez Vivas aseveró que "las sentencias deben ser acatadas por todos los venezolanos y más aún por los funcionarios públicos. El deber del gobernante es hacer cumplir la constitución y las leyes".
Chávez declaró en su programa dominical del pasado 15 de diciembre que había ordenado a los jefes de guarnición militar del país desconocer los fallos judiciales que contradigan las instrucciones de su decreto presidencial para reactivar la industria petrolera.
"No se puede permitir que un juez confabulado con algún gobernador de la oposición impida la acción del gobierno", había dicho el mandatario en su programa "Aló Presidente".
El legislador de Copei explicó que la acción impulsada "no se trata de una querella penal" contra Chávez sino de "una valoración de la conducta política con los elementos básicos de la Constitución".
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