La resolución de los camaristas Horacio Vigliani y Martin Irurzun -subrogante de Gabriel Cavallo, instructor de la causa- incluyó embargos de $2,5 millones contra Cossio y en el caso de Martorana de $2 millones, además de procesamientos y embargos contra otros 16 ex funcionarios públicos y directivos empresarios.
En agosto del año pasado, Cavallo procesó a Cossio y Martorana procesado por el delito de defraudación en perjuicio del Estado y dictó los fuertes embargos, ratificados ahora por el tribunal de alzada, en el cual el magistrado se excusó de actuar por haber sido el instructor de la causa.
La causa se había iniciado el 29 de mayo de 1996 con una denuncia de los entonces diputados Carlos "Chacho" Alvarez, Horacio Viqueira y Alfredo Bravo y estuvo a cargo del ex juez Carlos Liporaci, quien nunca resolvió la situación de los imputados, hasta que renunció y el juzgado federal tres quedó a cargo de Cavallo.
En su resolución, el juez consideró probado que el durante el gobierno de Carlos Menem el Estado pagó un precio desproporcionado de $521.263.481 por dos contratos celebrados en 1994 y 1995 con la Unión Transitoria de Empresas IBM-Banelco para la administración del sistema de reparto de jubilaciones y la informatización del sistema de recaudación tributaria.
Read more!