Es una propuesta que, cada tanto, reaparece a lo largo y ancho del país. Con el objetivo de terminar con el doble discurso de la dirigencia política, que se manifiesta preocupada por la educación pública (cuando, año a año, su desempeño no logra repuntar), la legisladora Edith Garro, del Frente para la Victoria de Bariloche, propuso un proyecto de ley que obliga a los hijos del gabinete provincial, entre ellos el gobernador, y de los jueces a que asistan las escuelas de gestión estatal.
"Estoy convencida de que la mejor manera de poner el ojo más crítico, acompañar, reforzar y pedir que funcione bien la escuela pública es a través de la pertenencia, tener los hijos en escuela pública y estar más atentos al funcionamiento", explicó Garro en diálogo con la radio Cadena 3.
En ese sentido, la legisladora convocó a que "los funcionarios debemos predicar con el ejemplo". "Fui a la escuela pública toda mi formación, y mis hijos van a la escuela pública", manifestó, y agregó que su propuesta colabora con la meta instituir "una escuela pública de calidad" que "da oportunidades a todos para formarse como seres humanos".
El proyecto de ley señala que una vez al año, antes del 30 de abril, los funcionarios deberán presentar una declaración jurada en la que conste los datos de sus hijos a cargo y el detalle respecto del establecimiento educativo al que concurren.
Según la iniciativa, si no se presentan los datos a término o se falsean, el implicado recibirá las sanciones previstas por el artículo 248 del Código Penal, que establece una prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
"Seguramente, algunos podrán decir que es antidemocrático o anticonstitucional para que no prospere. No estoy en contra de los establecimientos privados, pero la educación pública debe mejorar para que todos tengamos las mismas posibilidades de crecer y estudiar", finalizó Garro.
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