La presidente de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender fueron procesados hoy en la causa denominada "Sueños Compartidos", por delitos cometidos a través de esa entidad con el Plan Federal de Construcción de Viviendas instrumentado por el gobierno de Cristina Fernández.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó, además, al ex secretario de Obras Públicas José López -ya detenido en otra causa- y a Abel Fatala, por el desvío de más de 206 millones de pesos, y resolvió la falta de mérito para el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, entre otros funcionarios y gobernadores provinciales.
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Para Sergio Schoklender, el juez no sólo también debería haber procesado al actual diputado nacional sino que, señaló, el ex funcionario "debería estar en cana". "La totalidad de las firmas de los convenios salían con la firma de De Vido. Él autorizaba todos los pagos, junto al responsable del Ministerio de Economía. Pero es intocable. Es responsable no sólo del saqueo del Estado durante 12 años sino de las muertes de la tragedia de Once", afirmó.
En diálogo con Radio La Red, se refirió a su situación judicial y aseguró que su procesamiento "era esperable", aunque consideró que el fallo del juez Martínez de Giorgi tiene "algunas cosas buenas, como animarse a procesar a Hebe, porque ya era algo escandaloso. Marca que algunas cosas están cambiando, porque gracias a su prestigio histórico gozó de una impunidad absoluta de todo lo que decía y hacía".
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"Se probó que todas las firmas en los contratos son de Hebe; firmó todos los balances, auditorías, los libros de actas", expresó.
Schoklender, además, señaló que la ex presidente Cristina Kirchner "hace rato que debería estar presa", porque Sueños Compartidos se financiaba con con transferencias de partidas del Tesoro Nacional, "y esa reasignación de partidas llevaban las firmas del ex presidente (Néstor Kirchner) y la ex presidenta y también de los ex jefes de Gabinete, que fueron pasando y ahora se hacen los boludos".
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La Justicia consideró a los hermanos Schoklender como "protagonistas centrales" de la maniobra, mientras que Bonafini fue señalada como partícipe necesaria por entender que "conocía los desmanejos financieros que realizaban los apoderados de la Fundación".
Martínez de Giorgi los encontró presuntamente responsables del delito de "defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en relación a los financiamientos otorgados por la Secretaría de Obras Públicas".
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