Utilización de la Justicia, persecución de opositores, intereses: qué escribió Alberto Fernández sobre el Poder que hoy es protagonista

Faltaban pocas semanas para que Alberto Fernández recibiera los atributos de Presidente de la Nación, el 10 de diciembre de 2019. Ya había sido electo para el cargo cuando terminó de escribir el prólogo de La Justicia acusada, un libro que compila el trabajo de juristas y académicos y que tendría que esperar para publicarse.

La fecha en la que finalmente llegó a las librerías, en agosto de 2020, fue premeditada. En ese entonces, el Poder Ejecutivo que ya conducía Fernández impulsaba que el Congreso de la Nación debatiera (y aprobara) una reforma del Poder Judicial proyectada desde el oficialismo. En ese contexto, como un sustento teórico de lo que los diputados y senadores -y la sociedad- pondrían en discusión, se lanzó a la calle el libro editado por Sudamericana.

Fernández no sólo se había dedicado al prólogo de la obra, sino también a compilarla junto a Federico Thea, entonces secretario general de la Gobernación bonaerense, y Mauro Benente, que era vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia. Formaron un equipo de tres para decidir qué temas se incluirían en el libro y quiénes serían los 16 autores convocados, entre quienes se cuentan Carlos Zannini, Roberto Carlés y Marisa Herrera.

El Presidente contaba con un antecedente poderoso de cómo un libro puede ser la punta de lanza de una ambición más grande: en mayo de 2019, cuando presentó Sinceramente, Cristina Fernández de Kirchner contó que había sido Alberto Fernández el responsable de la idea de que ella publicara el volumen. Aún no lo había anunciado como su elegido para compartir la fórmula electoral que resultó ganadora en las elecciones presidenciales de 2019.

La Justicia acusada no tuvo el mismo impacto que Sinceramente: la reforma judicial que empuja el Frente de Todos, dos años después de su publicación, no resultó legitimada por el Poder Legislativo.

En el prólogo, antes de que distintos especialistas se ocupen de temas como el funcionamiento de la Corte Suprema, el juicio por jurados, la prisión preventiva o los delitos de lesa humanidad, Alberto Fernández trazó una revisión del acercamiento del Poder Judicial a los gobiernos de facto que interrumpieron el orden democrático en la Argentina, así como un repaso sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Y dejó algunas definiciones sobre su visión del Poder Judicial. Infobae Leamos comparte cinco.

Uno pudo pensar entonces que, después de tan traumática experiencia y recuperada la República, la división de poderes comenzaría a funcionar en plenitud. Sin embargo, eso no ocurrió. La influencia del poder político sobre el judicial se manifestó una y otra vez, buscando la legitimación de las decisiones tomadas por el gobierno o la protección de los funcionarios cuyas conductas eran cuestionadas.

La degradación de la calidad jurisdiccional fue creciente, y en los últimos cuatro años quedó al descubierto la dimensión del problema. Ya no buscó que la justicia avalara las decisiones de un gobierno o preservara a sus propios funcionarios. Se trató de la utilización del sistema federal de Justicia para lograr el disciplinamiento político a través de la persecución de opositores.

Argentina enfrenta hoy un momento singular. La pandemia ha dejado al descubierto un sinfín de debilidades estructurales que arrastra nuestra sociedad. Muchas de ellas son consecuencia del relajamiento institucional que nuestra aún joven democracia ha permitido y favorecido.

Esas debilidades se han consolidado a partir de múltiples causas. En algunos casos las razones del deterioro radican en el mal funcionamiento institucional, que permite aplicar criterios subjetivos (discrecionales) a la hora de seleccionar y remover jueces. En otros casos, los motivos de la depreciación están directamente vinculados a la condición humana, que permite que predominen intereses políticos y económicos antes que sean impuestos los criterios de justicia que deberían imperar sin excusa alguna.

Por estar sometidos a elecciones, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se encuentran expuestos a rendiciones de cuentas periódicas, durante las cuales la ciudadanía revisa el accionar de sus representantes y puede decidir la continuidad o no al frente de sus cargos. Esto no sucede con el Poder Judicial, cuyos funcionarios no son electivos ni susceptibles de reproche social.

En una Argentina que se abre paso en el siglo XXI, la necesidad de afianzar la plena vigencia del Estado de Derecho nos impone el deber de redefinir rigurosamente la tipicidad de la acción que se reprocha y repensar seriamente el desarrollo del proceso penal.

La selección discrecional de magistrados, la manipulación judicial por parte del poder político, la concentración de las causas de dimensión institucional en manos de un puñado de jueces, la utilización indebida (en las formas y en el tiempo) de la prisión preventiva y la perpetuación de indagaciones judiciales que solo operan como mecanismos de amenazas hacia los perseguidos son prácticas que definitivamente deben ser desterradas de una vez y para siempre.

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