Un grupo numeroso de jubilados y pensionados se congregó este viernes en el centro de Caracas para exigir salarios dignos y con poder adquisitivo real. Frente a la sede del Ministerio de Educación y del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), los manifestantes reclamaron poder cubrir necesidades básicas como alimentación y medicinas, al denunciar que el monto de la pensión mensual apenas alcanza para una fracción de esos gastos.
En la manifestación, que reunió a más de 100 personas, un despliegue policial bloqueó el acceso a varias calles y vehículos antimotines impidieron el avance de la columna, lo que limitó el recorrido hasta el IVSS. Pese al operativo, dos comisiones entregaron documentos en el Ministerio de Educación y en la Vicepresidencia.
Carlos Gallego, de 65 años, resumió el reclamo con una cifra en una entrevista con la agencia EFE: “La pensión está en 130 bolívares, que equivalen a 0,23 dólares. Eso recibimos al mes. Para comprar un kilo de carne, necesitamos reunirnos entre cincuenta personas y repartirnos un pedacito, esa es la precariedad”.
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Gallego añadió que el pasaje de autobús cuesta 100 bolívares, lo que deja 30 bolívares para el resto del mes. “Apenas alcanza para regresar a pie tras cobrar en el banco”, agregó.
Pedro García, presidente de la Asociación de Educadores Jubilados de Caracas, reclamó: “Exigimos al Estado venezolano una vida digna, con alimentación balanceada y acceso a la salud”. También pidió que los pagos de pensiones y jubilaciones vuelvan a las nóminas tradicionales de los ministerios, y cuestionó los bonos entregados a través de la plataforma Patria, a la que definió como un mecanismo “discriminatorio” y de “control social”.
El 30 de abril, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, anunció un incremento de los bonos sociales, con un monto de 240 dólares para trabajadores activos y de 70 dólares para pensionados. El ajuste, presentado como resultado de mayores ingresos petroleros tras acuerdos con Estados Unidos, generó rechazo en sindicatos del sector público.
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Las críticas apuntaron a que el aumento no se incorporó al salario base, por lo que no impactó en prestaciones sociales ni vacaciones.
Durante la protesta, Carmen Laya, jubilada, denunció que la represión fue la respuesta frecuente del gobierno ante las demandas de los adultos mayores. “Hoy queremos demostrarle al régimen que los adultos mayores tenemos la fuerza para seguir en la calle”.
En paralelo al reclamo de jubilados y pensionados, el gobierno intensificó el llamado a los ciudadanos que migraron en los últimos años para que regresen al país. Delcy Rodríguez convocó a los venezolanos en el exterior a volver y ser “reconocidos”, al sostener que fueron víctimas de xenofobia y de privación de derechos humanos esenciales fuera del país.
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“Hemos sido un país que sabe cómo convivir con los migrantes y nuestros migrantes que cruzaron fronteras no se encontraron con un pueblo como el venezolano. Encontraron pueblos que los rechazaron, que los explotaron. Por eso le decimos a los migrantes: es hora de que regresen”, dijo, según la cadena de televisión Globovisión.
Rodríguez reiteró el llamado en el marco del plan “Vuelta a la Patria”, vigente desde hace años, por el que miles de personas regresaron tras deportaciones desde Estados Unidos u otros países. Datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) indican que cerca de 7,9 millones de ciudadanos venezolanos salieron del país en busca de protección y mejores condiciones de vida, la mayoría acogidos en países de América Latina y el Caribe.
(Con información de EFE)