El “nuevo momento político” que atraviesa Venezuela bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez, incluye un ensayo de apertura económica al capital internacional que se consolida mediante la firma de acuerdos con grandes transnacionales energéticas y mineras.
Los pactos comerciales pueden abrir la posibilidad de una recuperación económica dentro de una transición a la democracia. Sin embargo, Transparencia Venezuela -capítulo local de Transparencia Internacional- advierte sobre los riesgos de que las futuras inversiones sean engullidas por la corrupción sin generar bienestar en la población ni contribuir con la instauración de un sistema de libertades.
“Venezuela presenta una complejidad única en temas de corrupción y captura del Estado que superan a otros casos de la región”, señala la ONG, tras recordar que la República Bolivariana ocupa la última posición en América Latina y la antepenúltima a escala mundial de su Índice de Percepción de Corrupción.
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Transparencia Venezuela subraya que que en esta nación sudamericana “coexisten tanto la corrupción tradicional (sobornos y nepotismo) como la gran corrupción transnacional, de carácter estructural, en la que tanto la legislación como las instituciones del Estado se convirtieron en instrumentos de impunidad para la red que desde el alto gobierno controla los ilícitos”.
La ONG observa que la administración de Delcy Rodríguez no pone el acento en “las reformas institucionales para acabar con la impunidad, garantizar el Estado de Derecho y restituir garantías civiles y políticas”, razón por la cual teme que Venezuela siga la senda de otros países donde se priorizaron los negocios en detrimento de la democracia.
Propuestas
“Las exigencias en materia petrolera de Estados Unidos a las autoridades venezolanas requieren que se atiendan las debilidades institucionales de nuestro país para que la necesaria inversión y ampliación de socios se den en el marco de condiciones claras, transparentes, competitivas, equitativas y, fundamentalmente, sin cláusulas de confidencialidad, con criterios en los que prevalezca la decisión de los venezolanos”, señalan.
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Transparencia Venezuela exige a Delcy Rodríguez definir con claridad el contexto en el que se desarrollarán los procesos para la inversión nacional y extranjera, y crear un “registro de inversiones extranjeras en formato de datos abiertos” para conocer con exactitud la identificación del beneficiario final, sector, proyectos, montos, origen de los fondos y lapsos de realización, entre otros elementos.
La ONG demanda “transparentar todos los acuerdos y compromisos” suscritos por el Estado, reformar la normativa vigente en materia de inversión extranjera, establecer criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo para las empresas en sintonía con los estándares internacionales, y derogar la llamada “Ley Antibloqueo”, que impone el secretismo en los contratos suscritos por el Ejecutivo.
Peligro ruso
Transparencia Venezuela recuerda que “buena parte de la industria petrolera opera precisamente en entornos políticamente inestables o autoritarios” y alerta: “No solo los capitales opacos traerán resultados indeseables, empresas responsables pueden ignorar el contexto político y de Derechos Humanos siempre que se garanticen sus derechos económicos”.
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“Si los acuerdos se establecen de forma opaca, si aprovechan vacíos legales y debilidades de gobernanza, si alimentan los intereses de las élites y sus aliados, si no se cumple con las obligaciones tributarias y de negocios y si permiten que las empresas evadan criterios sociales, ambientales y de buen gobierno corporativo, tendrán efectos corrosivos como ha ocurrido con China y Rusia”, sostienen.
La ONG expone que entre 2005 y 2017 ingresaron a Venezuela unos 90 mil millones de dólares por la vía de préstamos e inversiones, dinero que no se tradujo en mejoras en la calidad de vida de la población. “Se transformaron en capitales corrosivos que multiplicaron la deuda sin beneficio para los venezolanos, alimentaron la corrupción y fortalecieron el control autoritario de los pocos con acceso al poder político”, cuestiona Transparencia Venezuela.
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