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La CIDH denunció la disparidad de cifras de presos liberados en Venezuela

El órgano detalló que solamente 186 personas gozan de libertad plena y 554 permanecen bajo medidas cautelares

Una protesta por la liberación de los presos políticos en Venezuela (EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la existencia de una disparidad en las cifras sobre la liberación de presos políticos en Venezuela y advirtió sobre un estado de "libertad vigilada" para los favorecidos por la ley de amnistía.

El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez sostiene que hay más de 8.000 beneficiados, mientras que, según la sociedad civil, solamente 186 personas gozan de libertad plena y 554 permanecen bajo medidas cautelares, según detalló el presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, en un informe dirigido al Consejo Permanente de la OEA.

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La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), monitorea la situación venezolana, aunque no ha logrado ingresar al país para revisar el sistema carcelario pese a solicitudes reiteradas desde 2017.

Venezuela no forma parte de la OEA, que denunció las elecciones de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro resultó reelecto como presidente.

Prohibición de salida, presentación periódica, prohibición de manifestarse o de hablar a la prensa. Eso no es libertad: es libertad vigilada”, afirmó Ralón Orellana al referirse a la condición de los excarcelados.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (EFE/Ronald Pena R)

El Consejo Permanente solicitó a la CIDH un informe sobre la situación de las personas privadas de libertad en Venezuela, en el marco de un esfuerzo sostenido de países como Argentina, que priorizan este tema.

La CIDH indicó que “toma nota” de la ley de amnistía promulgada en febrero tras los cambios políticos derivados de la caída de Maduro tras una intervención militar de Estados Unidos.

La Comisión criticó la “cláusula residual del artículo 9, al excluir acciones vinculadas a actores extranjeros [que] introduce un tipo [de delito] abierto, aplicable contra opositores”, según el mensaje de Ralón Orellana, quien también es relator especial para personas privadas de libertad.

La eliminación de antecedentes sin salvaguardas archivísticas compromete la prueba para futuros procesos de rendición de cuentas”, advirtió.

Los tribunales y la fiscalía, llamados a aplicarla, son los mismos que han sostenido las detenciones arbitrarias. No se le puede pedir al instrumento de la represión que se convierta en un instrumento de reparación”, agregó.

La CIDH reclama una lista oficial de presos liberados.

Por su parte, la presidenta Rodríguez solicitó hace un mes que se dé “seguimiento” a la aplicación de la amnistía y advirtió que algunos beneficiados estarían “planificando el conflicto”.

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