El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció una situación de “intimidación” ejercida por un funcionario del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra periodistas de al menos cuatro medios, quienes cubrían una protesta sobre la falta de aumentos en el salario mínimo frente a la sede de la institución.
Según el SNTP, el funcionario se acercó a los reporteros, se identificó como miembro del tribunal y solicitó que mostraran sus carnets. Además, fotografió estos documentos y a los periodistas, pese a que la cobertura tuvo lugar en la plaza pública ubicada frente al TSJ y no dentro de sus instalaciones.
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El sindicato señaló a través de su cuenta en X: “Se trata de un acto intimidatorio que persigue inhibir el ejercicio libre del periodismo”.
Decenas de trabajadores y representantes gremiales reclamaron al TSJ, afín al chavismo gobernante, una respuesta a la demanda presentada en febrero contra el Estado venezolano por la falta de incrementos en el salario mínimo, congelado desde 2022.
El abogado Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), informó que entregaron un documento solicitando al tribunal un pronunciamiento. Explicó que, según la ley, el TSJ dispone de cinco días para admitir o rechazar las demandas, pero no ha dado respuesta desde el 2 de febrero.
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La semana pasada, Delcy Rodríguez, presidenta encargada, anunció que el 1 de mayo se realizará un aumento salarial que, según sus palabras, será “responsable”. No precisó montos ni aclaró si la medida alcanzará al sueldo mínimo o solo a las bonificaciones de los trabajadores públicos.
El salario mínimo en Venezuela permanece en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022. En ese momento equivalía a aproximadamente 30 dólares al mes, pero la inflación redujo su valor actual a menos de un dólar. Según el tipo de cambio oficial, este miércoles esa cantidad equivale a 27 centavos de dólar.
Los bonos que otorga el gobierno para complementar los ingresos de empleados públicos suman cerca de 190 dólares, aunque estos no impactan en utilidades, vacaciones ni otros derechos laborales.
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Las autoridades venezolanas siguen dejando en segundo plano el tema electoral, enfocándose en la economía. El pasado 2 de marzo, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, declaró que no era “perentorio” definir una fecha para las elecciones en el país.
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