La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) afirmó que la aplicación selectiva de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero, genera una situación de vulnerabilidad agravada. Esta posición surge tras la negativa de aplicar la medida al periodista Rory Branker.
Según la organización, “la aplicación selectiva de la Ley de Amnistía no ha traído libertad para todos, sino un profundo daño emocional y una vulnerabilidad agudizada para quienes han sido excluidos arbitrariamente”, expresó la ONG en una publicación.
Para JEP, el rechazo de la amnistía a Branker constituye una “prueba fehaciente” de que la persecución judicial en Venezuela se ha convertido en un ciclo continuo de revictimización. “Su voz representa a miles de personas que, a pesar de la puesta en marcha de una Ley de Amnistía, siguen atrapadas en un sistema que las mantiene como rehenes de una justicia discrecional”, agregó la organización.
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La ONG solicitó la emisión de un indulto procesal como solución inmediata y definitiva para cerrar estos casos, con el objetivo de “detener la arbitrariedad y devolver la libertad plena y, con ella la vida, a todas las víctimas”.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que un tribunal rechazó la solicitud de amnistía de Branker, quien permaneció casi un año detenido y fue liberado durante el proceso de excarcelaciones iniciado en enero por el Gobierno encargado.
El sindicato informó que Branker presentó su solicitud conforme a la Ley de Amnistía, pero el tribunal comunicó que “no procede” el sobreseimiento o anulación de su caso. De este modo, se mantienen las acusaciones contra el periodista, quien enfrenta cargos por supuestos delitos de terrorismo, asociación para delinquir, conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria, en un proceso que el sindicato considera “carente de garantías”.
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Branker, editor del medio digital La Patilla, fue arrestado el 20 de febrero de 2025 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), de acuerdo con la denuncia del SNTP. El periodista fue liberado el 4 de febrero, tras 11 meses de prisión, en el contexto del proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno encargado el 8 de enero y que continuó tras la promulgación de la Ley de Amnistía en febrero.
La Ley de Amnistía abarca un período de 27 años, desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder. Sin embargo, solo se concede a personas vinculadas con 13 “hechos” ocurridos en 13 años diferentes, por lo que excluye el resto del periodo mencionado, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.