La Oficina de Derechos Humanos de la ONU confirmó contactos con Venezuela para reanudar su presencia en el país

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos envió un equipo a Caracas para sostener reuniones con autoridades y miembros de la sociedad civil.

La portavoz Ravina Shamdasani confirmó que continúan los contactos para restablecer la presencia permanente del organismo en el país.

El equipo sostuvo encuentros con diversas organizaciones de la sociedad civil, autoridades y familiares de personas aún detenidas. Shamdasani destacó que “no todos los sometidos a detención arbitraria han sido liberados”.

También hubo reuniones con defensores de derechos humanos recientemente liberados y otras figuras relevantes.

En febrero de 2024, el régimen venezolano liderado por Nicolás Maduro suspendió las actividades de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caracas, que funcionaba desde 2019.

El Ejecutivo acusó a la ONU de actuar en contra de los intereses del régimen chavista, lo que derivó en la expulsión de 13 funcionarios, quienes debieron abandonar el país en un plazo de 72 horas.

Shamdasani confirmó además que el alto comisionado Volker Türk y la presidenta encargada Delcy Rodríguez mantuvieron una conversación telefónica el 26 de enero.

Durante el diálogo, Türk ofreció apoyo para “la construcción de una hoja de ruta para el diálogo y la reconciliación, en la que los derechos humanos deberían ocupar el centro”.

Rodríguez había anunciado ese contacto y adelantó que solicitaría a Türk que verificara las excarcelaciones recientes, tras denuncias de retrasos y falta de transparencia por parte de familiares y ONGs.

Respecto al proyecto de Ley de Amnistía aprobado en primera lectura por la Asamblea Nacional venezolana, Shamdasani consideró que “es un positivo paso hacia la cohesión social, la reconciliación nacional y la coexistencia”, alineándose con la postura de la Misión de Investigación de la ONU para Venezuela.

Advirtió, no obstante, que la ley debe ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos, incluir a todas las personas detenidas arbitrariamente y formar parte de una estrategia más amplia que contemple reparación, rendición de cuentas y reformas legales.