En julio de 2020, Juan Eloy Cumaná Rodríguez fue detenido en Valencia, estado Carabobo, por un caso que involucra a su primo Alberto Martínez, alias Charlie. Tras la audiencia de presentación, la justicia venezolana optó por ignorar su situación, encubriendo lo que familiares denuncian como un proceso viciado. Recluido en un container adaptado como celda en el aeropuerto de Valencia, donde su único contacto con el exterior es la visita semanal de una hora que recibe cada sábado.
Mientras viajeros se apresuran con sus maletas por las terminales del aeropuerto internacional “Arturo Michelena”, pocos conocen que, a escasos metros, en la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas (URIA), la vida de Juan Cumaná transcurre en espera de que se cumpla el debido proceso. Ocupa una de las celdas que divide el container, cada una con baño propio; en la otra están detenidos el comisario Alvis Pinto y un coronel.
La salud de Cumaná se ha deteriorado, según denuncia su familia, sin acceso a atención médica; los despojaron de sus bienes y viven bajo amenaza de represalias si denuncian el limbo jurídico que rodea el caso. “El Estado lo tiene secuestrado”, afirma un familiar en conversación con Infobae.
El origen de la acusación se remonta a la relación laboral de Juan Cumaná con su primo Alberto Martínez, señalado por narcotráfico. Sin embargo, la familia sostiene que Cumaná desconocía los negocios ilícitos. “Su primo era la familia rica y le decía que él y su papá, Chiche Smith, tenían buques atuneros que daban mucho dinero”, relatan.
El 15 de julio de 2020, Cumaná, entonces de 30 años, recibió un mensaje de la madre de su novia alertando sobre la desaparición de su hija, sin saber que ambas estaban retenidas por funcionarios. Al acudir al lugar acordado, fue interceptado y trasladado a la sede de la División de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), donde fue reseñado por “resistencia a la autoridad”.
Familiares denuncian que algunos funcionarios exigieron hasta 10 mil dólares para liberarlo, aunque Cumaná solo percibía 300 dólares mensuales por su trabajo en redes y sistemas para las empresas de su primo.
Posteriormente, fue llevado a la sede antidrogas del aeropuerto, donde habría sido torturado durante tres días. De su apartamento, los agentes incautaron un teléfono y una laptop, en los que “solo encontraron diseños para redes sociales, fotos personales y material de gestión empresarial, pero aun así lo acusaron de legitimación de capitales”.
Los jueces
Fue trasladado a Caracas, ante el tribunal del juez José Macsimino Márquez García, quien, al igual que la Fiscalía, reconoció que no había delito alguno, pero admitió que existían órdenes superiores para no liberarlo. “Por ello, ni siquiera se ha realizado la audiencia preliminar”.
La historia de Juan Eloy Cumaná Rodríguez incluye una etapa en Costa Rica, donde trabajó en diversos oficios, incluso vendiendo perros calientes. En diciembre de 2018 regresó a Venezuela para visitar a sus hijas y fue entonces cuando su primo le propuso diseñar el sistema de ventas para una tienda de teléfonos, aprovechando sus estudios en diseño gráfico, programación y marketing.
El 21 de mayo de 2024, Yecenia María Rodríguez Campos, madre de Juan Eloy Cumaná Rodríguez, se presentó ante la Inspectoría de Tribunales para denunciar a la juez Yoreida De Lourdes Hernández Posse, titular del Tribunal 29 de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal de Caracas, responsable del expediente judicial número 29C-18543-2021 que involucra a su hijo.
Durante su declaración presencial, Rodríguez Campos afirmó que Juan Cumaná permanece privado de libertad desde hace cuatro años, sin haber recibido el debido proceso y en condiciones que, según sus palabras, vulneran sus derechos fundamentales, agregando que se encuentra recluido en un lugar que “no es un recinto penitenciario” y que su estado de salud está “muy afectado”.
El proceso judicial
El 24 de julio de 2020, Juan Cumaná fue presentado ante el Juzgado Vigésimo Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (AMC). Durante la audiencia, la Fiscalía Auxiliar Nacional Vigésimo Séptima Nacional en materia Plena contra las Drogas solicitó la privación preventiva de libertad por la presunta legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Más de dos años y tres meses después, el 5 de octubre de 2022, la defensa de Juan Cumaná pidió el decaimiento de la medida cautelar, argumentando que el Ministerio Público no había solicitado la prórroga necesaria para mantener la privación de libertad. Sin embargo, el 26 de octubre de 2022, el Tribunal 29 de Control del AMC, bajo la dirección de la juez Yoreida De Lourdes Hernández Posse, rechazó la solicitud.
La juez trata de enmendar la omisión de la Fiscalía como titular de la acción penal, pero basándose en una norma derogada en reformas de los años 2012 y 2021 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que ella también comete un grave error al tratar de enmendar las fallas del Ministerio Público. Los magistrados de la Corte de Apelaciones nunca se pronunciaron sobre esas graves fallas.
La defensa interpuso un recurso de apelación, el 16 de noviembre de 2022, que fue remitido a la Corte de Apelaciones del AMC. La Sala Nr. 8, encargada de conocer el caso, declaró inadmisible el recurso el 19 de diciembre de 2022; magistrados Marilda Ríos Hernández, Narda Sanabria Bernatte y Gabriela Salazar Uzcátegui.
Finalmente, el 17 de enero de 2023, la Sala 8 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del AMC ratificó la decisión y declaró sin lugar el recurso, cerrando así este capítulo del proceso judicial contra Juan Cumaná.
Uno de los argumentos esgrimidos fue que “el Tribunal de Control consideró que estaba en presencia de uno de los delitos más graves, como es el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes Psicotrópicas”, por lo que los abogados de Cumaná responden que resulta insólito porque él no fue imputado ni acusado por dicho delito.
Un ex comisario
En uno de los dos compartimentos en los que fue dividido el contenedor permanece detenido el comisario Alvis Orlando Pinto Guedez, ex subdirector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Funcionarios del Grupo de Acciones Especiales (GAES) de Carabobo lo arrestaron el 31 de agosto de 2020 cuando se desplazaba por la urbanización Country Club Safari, en Valencia.
La orden de aprehensión había sido emitida tres días antes, el 28 de agosto, por el entonces juez 21 de Control de Caracas, José Macsimino Márquez García, a solicitud de la Fiscalía 27. El Ministerio Público imputó a Pinto Guédez como “cómplice no necesario” en el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, por su presunta vinculación con Emilio Martínez, alias “Chichi Smith”, y Alberto Martínez, alias “Charlie”.
Posteriormente, el 3 de marzo de 2023, el juez José Macsimino Márquez García fue detenido por la Policía Nacional contra la Corrupción, por su presunta participación en una red de extorsión y sobornos, en el marco de la Operación Caiga quien Caiga.
La caída de Chiche Smith
La investigación contra Emilio Enrique Martínez, conocido como alias Chiche Smith, comenzó el 18 de abril de 2020. Apenas unos meses después, en julio de ese año, el entonces ministro de Interior y Justicia, general (GNB) Néstor Luis Reverol Torres, anunció la desarticulación de dos grupos de narcotráfico que operaban en los estados Falcón y Carabobo.
Ese mismo mes, la Oficina Nacional Antidrogas llevó a cabo un operativo en el que, por primera vez, se identificó públicamente a Martínez como líder del denominado Cartel de Paraguaná. Las autoridades señalaron que la persecución se centraba en los cabecillas Emilio Enrique Martínez, alias Chiche Smith, y Alberto Martínez, alias Charlie.
Como parte de la operación, se allanaron 20 propiedades vinculadas a Chiche Smith en Falcón, Carabobo, Aragua y Caracas. Entre ellas, la sede de la Fundación “Carmen Virginia Martínez” en Carirubana, estado Falcón, donde, según el fiscal Tarek William Saab, se habría invertido dinero procedente del narcotráfico.
El Ministerio Público solicitó la detención de Emilio Enrique Martínez, su hija Marlis Migdalia Martínez y su nieto Richard Emilio Álvarez Martínez. Además, se señaló a Lindo Martínez, hermano de Chiche Smith, como otro de los cabecillas del cartel.
El Tribunal 21° de Control de Caracas, a cargo del entonces juez José Mascimino Márquez García, dictó privativa de libertad para los tres miembros de la familia Martínez, a petición de los fiscales Lilian Hernández y Jean Karin. También fueron detenidos otros familiares y allegados, como Héctor Antonio Martínez, presidente de la Fundación “Carmen Virginia Martínez”; María Virginia Martínez Vásquez, Albys María Vásquez y el empresario Orlando Silva.
El 3 de abril de 2021, Emilio Enrique Martínez fue capturado en Lecherías, estado Anzoátegui, portando una identificación falsa. La Fiscalía lo acusó de tráfico de drogas, lavado de dinero, abuso sexual de menores y asociación criminal, revelándose que supuestamente desde la década de los 80 tenía una orden de detención.
Según el Ministerio Público, Martínez dirigía una operación de exportación de estupefacientes hacia países del Caribe y legitimaba capitales a través de bodegones e importación de vehículos.
La organización Insight Crime describe al Cartel de Paraguaná como una mafia del narcotráfico originaria del estado Falcón, en la península de Paraguaná, y advierte que se emitió una alerta roja internacional para la detención de Martínez.