Human Rights Watch (HRW) advirtió este lunes que decenas de presos políticos en Venezuela llevan “semanas, meses y, en algunos casos, más de un año” detenidos en “régimen de incomunicación”, por lo que pidió a los Gobiernos extranjeros hacer esfuerzos para lograr la liberación de estas personas.
“Los casos de presos políticos aislados completamente de sus familias y abogados son un ejemplo desgarrador de la brutalidad de la represión en Venezuela”, afirmó la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, citada en una nota de prensa.
En su opinión, los Gobiernos extranjeros “no deben escatimar esfuerzos diplomáticos para garantizar la liberación de estos detenidos”.
HRW, junto al Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE), dijo haber documentado 19 casos de detención en “régimen de incomunicación”.
PUBLICIDAD
Las organizaciones, de acuerdo con la nota de prensa, entrevistaron a los familiares de los detenidos y revisaron documentos y solicitudes presentadas por las familias y sus abogados ante las autoridades venezolanas para pedir derechos de visita, “todas ellas sin respuesta”.
En la mayoría de los casos documentados, prosiguió, las personas detenidas tenían vínculos con partidos políticos de la oposición venezolana y “se les ha impedido recibir visitas o realizar llamadas telefónicas desde el día de su detención”.
De igual forma, “en muchos casos, las autoridades negaron de forma reiterada la detención de personas que efectivamente estaban presas o se negaron a proporcionar información sobre su paradero, lo que equivale a desapariciones forzadas según el derecho internacional”, detalló HRW.
PUBLICIDAD
Asimismo, detalló que muchas familias lograron conocer el paradero de sus seres queridos “solo a través de pistas extraoficiales, cuando los guardias del centro de detención aceptaban recibir sus pertenencias personales, o mediante llamadas de los defensores públicos, al menos varios días después de la detención”.
“Incluso cuando las familias lograron conocer el paradero de los detenidos, se les negó sistemáticamente el derecho a visitarlos. Muchos familiares afirmaron que la única prueba que tienen de que sus familiares siguen vivos son la ropa sucia y las notas escritas de puño y letra por los detenidos que reciben en la cárcel”, indicó la organización.
Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 823 presos políticos, la mayoría detenidos tras los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, en los que el ente electoral proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro, un resultado rechazado por la oposición mayoritaria y parte de la comunidad internacional.
PUBLICIDAD
El pasado miércoles, la ONG reportó que en el país permanecen detenidos al menos 89 presos políticos con nacionalidades extranjeras o doble ciudadanía, entre ellos 21 colombianos, el grupo más numeroso, según el registro actualizado hasta el 15 de septiembre.
En su informe publicado vía Instagram, la organización detalló que entre los casos se encuentran tres españoles, dos alemanes, dos argentinos, dos ecuatorianos, dos franceses, dos neerlandeses, dos peruanos y dos ucranianos. Además, figuran ciudadanos de República Checa, Cuba, Líbano, Pakistán, Guyana, Hungría, Italia y Rumania.
Entre los venezolanos recluidos con doble nacionalidad, el informe enumera 13 colombianos, 13 españoles, seis italianos, cinco portugueses, un chileno, un chipriota, un argentino y un húngaro. Según el conteo, también se registra un detenido con ciudadanía iraní e irlandesa, y otro con pasaporte polaco y ucraniano.
PUBLICIDAD
Desde agosto, Estados Unidos reiteró su advertencia a los ciudadanos norteamericanos para que se abstengan de viajar o permanecer en Venezuela. “Debido a los graves riesgos de detención ilegal, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos y disturbios civiles”, advirtió el Departamento de Estado, a cargo de Marco Rubio.
El Gobierno y la Fiscalía de Venezuela niegan que en el país haya detenidos por motivos políticos, sino que aseguran cometieron diversos delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos políticos opositores.