El valor del dólar estadounidense en Venezuela alzanzó un nuevo máximo en el mercado oficial de divisas, situándose en 160,44 bolívares por unidad, de acuerdo con la cotización publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Este dato refleja la persistente devaluación del bolívar, una tendencia que se ha intensificado desde octubre del año pasado y que ha tenido un impacto directo en la economía cotidiana del país.
En comparación con la misma fecha del año anterior, cuando la tasa oficial era de 36,74 bolívares por dólar, el incremento ha sido del 336,69%, según los registros del Banco Central.
Esta depreciación provocó que el bolívar pierda el 77% de su valor frente a la moneda estadounidense en los últimos 12 meses. El dólar, ampliamente utilizado en Venezuela como referencia para el pago de salarios, bonificaciones gubernamentales y la fijación de precios de la mayoría de los productos, se ha consolidado como un elemento central en la vida económica nacional.
Actualmente, el salario mínimo en Venezuela equivale a 81 centavos de dólar, una cifra que también se aplica a las pensiones. En el caso de los trabajadores del sector público, el régimen otorga dos bonos adicionales que, en conjunto, suman 160 dólares, aunque estos se depositan en bolívares al tipo de cambio oficial vigente y no inciden en los beneficios laborales.
El costo de la vida se ha visto fuertemente afectado por esta situación. Según los datos más recientes del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), difundidos en abril, una familia de cinco integrantes necesita 503,73 dólares al mes para cubrir únicamente los gastos mínimos de alimentación.
La política salarial del régimen ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil.
El pasado viernes, la ONG Provea denunció que el Ejecutivo “ha avanzado en una agresiva política de bonificación del ingreso que flexibiliza las relaciones laborales” y “precariza el empleo decente, contraviniendo la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales, y menguando la calidad de vida de las familias”.
Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro atribuye la pérdida del poder adquisitivo de la población a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la industria petrolera venezolana. Además, defiende la entrega de bonos como “una estrategia novedosa para combatir la guerra económica” y “el bloqueo”, así como para “evitar la inflación”.