La organización no gubernamental Provea denunció este sábado un aumento de los casos de personas detenidas arbitrariamente en Venezuela, con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Según la ONG, entre septiembre de 2024 y mayo de 2025 se documentaron 23 casos en los que los detenidos permanecieron durante largos períodos incomunicados, sin que sus familiares, abogados o las propias organizaciones pudieran conocer su paradero o las condiciones en que se encontraban.
En su informe, Provea advirtió sobre las situaciones “desafiantes” que enfrentan los familiares de las víctimas cuando intentan recurrir a las vías regulares ante las autoridades sin recibir respuestas oportunas. “Inicialmente, todos ignoran el lugar de reclusión, incluso durante meses y en algunos todavía se desconoce; además todos han sufrido incomunicación y aislamiento”, afirmó la ONG. Los datos presentados reflejan un patrón que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y la vulneración de derechos constitucionales como el debido proceso y la defensa.
De acuerdo con Provea, la ausencia de respuestas por parte del Estado en cada nivel institucional incrementa la vulnerabilidad de los detenidos, quienes permanecen bajo custodia estatal sin que se cumplan los estándares requeridos tanto a nivel nacional como internacional en materia de privación de libertad.
Ante este panorama, la organización exigió a la Fiscalía del régimen chavista de Nicolás Maduro que realice investigaciones “transparentes y expeditas” y que ordene el fin inmediato de la incomunicación impuesta por los organismos de seguridad, además de informar el paradero concreto de las personas afectadas.
Asimismo, pidió determinar responsabilidades sobre “estas prácticas abusivas, arbitrarias y desproporcionadas”, solicitando sanciones ejemplares a los responsables e implementación de políticas públicas que impidan la repetición de estos hechos. Frente a la situación reportada, también solicitó a la Defensoría del Pueblo que actúe según sus atribuciones legales, incluyendo inspecciones a centros de detención para prevenir actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Las denuncias de Provea coincidieron con un pronunciamiento del gobierno de Noruega, que expresó preocupación por “las desapariciones asociadas con las elecciones en Venezuela, incluidos los llamados casos de desapariciones a corto plazo cometidos durante y alrededor” de las presidenciales de julio de 2024. En dichos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por funcionarios cercanos al régimen bolivariano, proclamó vencedor a Nicolás Maduro.
Como respuesta a dichas manifestaciones internacionales, el canciller chavista Yván Gil acusó a las autoridades noruegas de “atacar la democracia” venezolana mediante “argumentos forzados y manipulados”.
En el mismo sentido, a finales de julio, Amnistía Internacional (AI) informó sobre un “aumento drástico” en las detenciones sistemáticas en Venezuela desde las elecciones presidenciales, alertando que en algunos de estos casos se observan “elementos del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada”. En reacción, el fiscal general Tarek William Saab calificó estas denuncias de “falsas”, señalando que las acciones del Estado obedecen a los principios constitucionales y legales que rigen en el país y a la “defensa de la paz y la autodeterminación”.
(Con información de EFE)