La ONG venezolana Surgentes rechazó este miércoles las dificultades que, según afirmó, han enfrentado familiares de presos políticos para formalizar denuncias sobre las agresiones que aseguran haber sufrido la noche del martes. Estos hechos ocurrieron durante una vigilia realizada frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas.
“Ni siquiera tenemos la posibilidad de poner una denuncia para que las autoridades investiguen a los responsables de estos hechos y puedan sancionarlos”, declaró Martha Grajales, activista de la organización no gubernamental.
Desde las inmediaciones del Ministerio Público (MP, Fiscalía), Grajales relató ante la prensa que, cerca de las 22:00 hora local del martes (2:00 GMT del miércoles), un grupo formado por personas encapuchadas y armadas con pistolas llegó al lugar en más de 50 motocicletas y robó pertenencias como teléfonos y documentos de identidad a los manifestantes, en su mayoría mujeres.
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“Nos sacaron de manera violenta, amenazante, mostrándonos armas de fuego, diciéndonos que no podíamos estar ahí”, explicó la activista. Agregó que recibieron “patadas y empujones”.
Grajales indicó que este miércoles un grupo de familiares acudió al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), donde les informaron que no tenían competencia para recibir ese tipo de denuncia.
Además, según explicó, fue atendida en una oficina de atención a la víctima, donde le respondieron que “esa denuncia no procedía por ahí”.
La ONG Provea manifestó que “la ausencia de resguardo a la manifestación por parte de los organismos de seguridad pudo haber propiciado este nuevo ataque a la protesta social”.
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“Con la ausencia de atención demostrada por las autoridades del TSJ y la falta de resguardo a los manifestantes pacíficos por parte de los agentes de la fuerza pública, las autoridades revictimizan a quienes tienen bastante tiempo denunciado serios abusos”, añadió Provea.
La vigilia tenía como propósito solicitar una reunión con la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, para pedir la revisión de los casos judiciales de sus familiares y denunciar la ausencia de respuestas oficiales a estas demandas.
El martes, Luisa Barrio, participante de la actividad, declaró que mantendrían la vigilia hasta que los familiares de los presos políticos recibieran atención.
Barrio remarcó que entre los detenidos hay personas con enfermedades, así como mujeres.
La ONG Foro Penal reporta 807 presos políticos en Venezuela, tras 55 excarcelaciones y nueve arrestos recientes, dentro de lo que denomina “puerta giratoria”, una dinámica en la que “unos salen de la cárcel, pero otros entran”, según su balance presentado el martes.
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