Mariana González, la hija del líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia, pidió este domingo el respeto de los derechos humanos para su esposo, Rafael Tudares, quien fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro en Caracas en enero pasado.
“Nuestra lucha no es un reclamo político. Es una causa humanitaria. Pedimos lo más elemental: respeto de los derechos humanos de Rafael y garantía de su vida, integridad, salud y libertad”, expresó Mariana González en su cuenta de X.
Asimismo, reiteró que su esposo fue detenido de forma “arbitraria” hace 187 días y se encuentra “desaparición forzada”, ya que asegura desconocer el sitio donde permanece recluido.
El pasado 7 de julio, González aseguró que no ha podido ver a su pareja ni ha tenido una prueba de vida de él.
“Seis meses sin poder verlo, seis meses sin escuchar su voz, seis meses viviendo un duelo suspendido y una incertidumbre que no cesa, seis meses sin una fe de vida y sin saber absolutamente nada sobre su existencia”, dijo la esposa en un video en X.
Asimismo, negó la “serie de hechos y supuestos delitos” que se le imputan, entre ellos una presunta vinculación con la agencia estadounidense FBI, lo que -afirmó- es “total y absolutamente falso, bien alejado de la realidad, y las autoridades del Estado lo saben”.
“Todo lo que están creando para mantener a Rafael en cautiverio y clandestinamente preso es falso, porque Rafael es inocente. Se nos están violando los derechos humanos. A Rafael, el derecho al debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia, el derecho a tener visita de su familia, el derecho a tener un abogado de confianza”, expresó.
El pasado 3 de julio, la esposa de Tudares reiteró su petición para que se permita la comunicación y la intervención de abogados de confianza para su pareja, quien fue detenido el 7 de enero, tres días antes de la juramentación para un tercer mandato de Nicolás Maduro, proclamado de manera fraudulenta presidente reelecto por el ente comicial, controlado por el chavismo, en las elecciones de 2024.
Mariana González informó, el pasado 23 de junio, que un tribunal acordó el avance a juicio de su esposo por los presuntos delitos de “forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento”.
Recientemente, reiteró que su esposo no tiene “nada qué ver con el conflicto político que lo mantiene privado de libertad”, en alusión a la crisis que se desató en el país tras el fraude cometido por el chavismo en las elecciones presidenciales de 2024.
Para ella, Tudares “quedó atrapado injustamente y es una víctima” de este conflicto, que llevó, además, a González Urrutia a exiliarse en España en septiembre del año pasado, desde donde reclama la Presidencia de Venezuela, al afirmar que resultó ganador en las elecciones de julio.
Por otra parte, la organización Provea denunció recientemente que al menos cinco defensores de derechos humanos permanecen “encarcelados injustamente” en Venezuela. Provea exigió al Estado la liberación inmediata de los detenidos, la garantía de juicios justos, el establecimiento del contacto con familiares, la asistencia legal y el cumplimiento de obligaciones internacionales. Entre los casos citados figuran el de Rocío San Miguel, detenida en febrero de 2024 y acusada de “terrorismo y traición a la patria” cuando presidía la ONG Control Ciudadano, y el de Javier Tarazona, director de Fundaredes, detenido en julio de 2021 tras denunciar amenazas contra él vinculadas a investigaciones de abusos en la frontera con Colombia.
El Foro Penal contabilizó 932 presos políticos en Venezuela, cifra rechazada por Nicolás Maduro y el fiscal general Tarek William Saab, quienes niegan la existencia de prisioneros por motivos políticos y afirman que las detenciones responden a hechos delictivos, declaraciones disputadas por las ONG y partidos opositores
(Con información de EFE)