Dos ONGs denunciaron la muerte “bajo custodia” de un preso político en Venezuela

Lindomar Jesús Amaro Bustamante, uno de los cientos de detenidos en Venezuela tras la fraudulenta reelección de Nicolás Maduro en julio del año pasado, murió “bajo custodia del Estado” mientras se encontraba en una cárcel del estado Aragua (norte), denunciaron este domingo dos ONG.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos indicó, en una publicación en X, que Amaro, quien fue detenido en el contexto de crisis postelectoral en el estado Cojedes (centro) por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) mientras se dirigía a su vivienda en una moto, se quitó la vida el sábado.

“La causa reportada fue ahorcamiento dentro de su celda”, señaló la ONG.

Amaro, tras su arresto, había sido trasladado a la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua.

“Según familiares, Lindomar ya había atentado contra su vida y, aunque lo advirtieron, no recibió atención médica ni protección. Esta omisión agrava la responsabilidad del Estado por una muerte evitable”, añadió la publicación.

La organización igualmente advirtió que Jhoandri Joel Silva Lara, detenido también tras las elecciones presidenciales de julio pasado, “intentó suicidarse” en la misma cárcel.

“Recientemente fue dado de alta del Hospital Militar de Maracay (capital de Aragua) tras una crisis nerviosa provocada por el encierro, el maltrato y la angustia por su hija menor”, reseñó el Comité.

La ONG dijo que reiteradamente se ha denunciado el “sufrimiento extremo” de los jóvenes detenidos tras las presidenciales, muchos en Tocorón, “sometidos a condiciones inhumanas, tortura, intentos de suicidio, crisis nerviosas e incomunicación”.

“Todo ello responde a un patrón que busca quebrar su resistencia y silenciar a sus familiares mediante miedo y represalias”, agregó.

El Comité exigió al régimen de Nicolás Maduro garantizar la integridad de todos los detenidos, así como investigar esta muerte y todas las ocurridas bajo custodia, “sancionando a los responsables, entre ellos el actual director del penal, Juan Carlos Quezada, señalado por familiares como uno de los principales responsables de las condiciones infrahumanas”.

Asimismo, dijo que con este suceso “ya son al menos seis las personas fallecidas bajo custodia del Estado venezolano entre 2024 y lo que va de 2025”.

El cuerpo de Amaro, detalló el Comité, fue trasladado a Cojedes, donde “fue enterrado de manera exprés” este domingo.

Entretanto, Madres en Defensa de la Verdad sostuvo, en un comunicado, que han denunciado ante el Ministerio Público (MP, Fiscalía), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio de Servicios Penitenciarios la “pésima calidad y la cantidad insuficiente de los alimentos y el agua que reciben los privados de libertad, lo que les ha provocado una significativa pérdida de peso y graves problemas estomacales”.

“Asimismo, hemos alertado sobre los castigos físicos y la tortura psicológica a la que están siendo sometidos nuestros familiares”, apostilló.

La organización denunció que ambos jóvenes llevaban 15 días “en régimen de castigo y aislamiento”.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 906 presos políticos, la mayoría de ellas tras las protestas contra el resultado oficiales de las elecciones presidenciales.

En este recuento, la ONG indicó de los detenidos se dividen en 815 hombres y 91 mujeres, de los cuales 901 son adultos y cinco son adolescentes de entre 14 y 17 años de edad.

Según la organización, 737 de los presos son civiles y 169 militares.

Asimismo, Foro Penal calcula que, desde 2014 hasta la fecha, se han llevado a cabo en la nación caribeña un total de 18.334 “detenciones políticas”.

Por su parte, la ONG Espacio Público registró el año pasado 99 detenciones por “expresar opiniones” en Venezuela, un aumento del 254 % respecto a 2023, cuando documentó 28 casos, según el informe anual de la organización no gubernamental publicado este viernes.

Espacio Público advirtió que las presidenciales “marcaron un hito negativo en la garantía de derechos humanos” en el país.

La organización no gubernamental aseguró que “se documentó una intensificación de la persecución y el hostigamiento contra ciudadanos, especialmente hacia opositores políticos, activistas y periodistas”.

Esta semana, familiares de los presos políticos pidieron a la ONU en Caracas que interponga sus “buenos oficios” en favor de la liberación de sus seres queridos.

(Con información de EFE)