La oposición venezolana denunció que Maduro busca concentrar “aún más poder” tras la firma del decreto de emergencia económica

La Plataforma Unitaria Democrática señala que la medida fue impuesta “sin transparencia ni participación ciudadana” e ignora las necesidades del país

Nicolás Maduro en una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela, el 15 de febrero de 2025 (Palacio de Miraflores/Folleto vía REUTERS)

La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), consideró este miércoles que Nicolás Maduro busca concentrar “aún más poder” con el decreto de emergencia económica, firmado este martes en respuesta a lo que el dictador chavista calificó como una “guerra comercial inédita” ocasionada por la política arancelaria de EEUU.

“Denunciamos que esta decisión abre la puerta a abusos y discrecionalidad, alejándose de lo que Venezuela requiere: instituciones legítimas, políticas transparentes y un modelo económico que fomente la producción, el empleo y el bienestar”, afirmó el bloque opositor a través de un comunicado publicado en su cuenta en X.

Para la PUD, este decreto “no resuelve la crisis nacional y busca concentrar aún más poder de forma arbitraria, sin soluciones reales para el pueblo venezolano”.

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Además, prosiguió, esta orden fue impuesta “sin transparencia ni participación ciudadana” e “ignora las necesidades del país y golpea duramente a trabajadores, comerciantes y empresarios, profundizando la pobreza, la inflación y la destrucción del sector productivo, especialmente entre los más vulnerables”.

“Es un anuncio que deja más dudas que certezas. Nada plantea Maduro para combatir la inflación ni para mejorar el ingreso familiar”, agregó la PUD, que reafirmó su compromiso con un “país libre y próspero, donde la dignidad de cada venezolano sea lo primero”.

El decreto de emergencia económica otorga a Maduro la potestad de “dictar todas medidas que considere necesarias para garantizar el desarrollo y crecimiento” de Venezuela, según un documento que leyó el dictador chavista.

Edmundo González Urrutia saluda a simpatizantes luego de una concentración de apoyo este miércoles, en el Centro de Convenciones Atlántico Pacífico en la Ciudad de Panamá (Panamá) (EFE/ Bienvenido Velasco)

“Ante las circunstancias internacionales y el impacto de la guerra comercial y económica contra el mundo y contra Venezuela, contra todo nuestro continente, yo apelo a las facultades constitucionales que me da el decreto de emergencia económica para proteger integralmente todos los sectores productivos”, dijo Maduro.

Maduro podrá “dictar regulaciones excepcionales y transitorias” y “suspender con carácter general la aplicación y cobro de tributos nacionales, estadales y municipales”, entre otros poderes.

Además, estará facultado para “concentrar en el tesoro nacional la recaudación de las tasas y contribuciones especiales creadas por leyes y redireccionar los recursos disponibles de todos los fondos existentes”.

De igual forma, tendrá la potestad de “establecer mecanismos y porcentajes de compra obligatoria de la producción nacional para favorecer la sustitución de las importaciones”, así como “adoptar todas las medidas necesarias para estimular la inversión nacional e internacional”, entre otras decisiones.

Este martes, el líder de la PUD, Edmundo González Urrutia, dijo que Maduro pretende “engañar” al país caribeño con la firma de un nuevo decreto de emergencia económica, luego de “25 años de mala gestión”.

En enero de 2016, Maduro aprobó un “estado de emergencia económica” en todo el territorio nacional, con el fin de “proteger al pueblo en función de las amenazas existentes”, según explicaron entonces las autoridades, que achacaban a una supuesta “guerra económica” por parte de la oposición y el sector privado el desabastecimiento, la inflación y la recesión económica.

Venezuela, hoy con niveles de abastecimiento superiores al 90 % y una inflación más controlada, según cálculos oficiales, enfrenta ahora una subida de los aranceles del 15 % por parte de EE.UU., medida que se suma a otras como los aranceles adicionales del 25 % a los compradores de su crudo o gas y el fin de licencias a petroleras para operar en el país caribeño, como la estadounidense Chevron y la española Repsol.

(Con información de EFE)

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