En Venezuela se registraron 41 violaciones al derecho a la libertad de expresión en febrero, un incremento del 70,8% en comparación con enero, cuando se computaron 24, según datos difundidos este martes por la organización no gubernamental Espacio Público.
El pasado mes, la ONG registró 19 hechos de intimidación, ocho de censura, seis de restricción administrativa, cuatro de hostigamiento judicial, dos de amenazas y dos de hostigamiento verbal, según datos suministrados a EFE.
La organización señaló que instituciones públicas, cuerpos de seguridad, funcionarios del Estado y un grupo simpatizante del oficialismo “violentaron el derecho a la libertad de expresión” en febrero.
En una nota de prensa, Espacio Público menciona, entre los afectados, el caso del ex trabajador de la estatal Pdvsa Carlos Salazar, quien “estuvo desaparecido durante más de 20 días, tras publicar un video en el que muestra y critica al ex presidiario Alex Saab”, el empresario colombiano que estuvo detenido desde 2021 acusado de conspiración para lavado de dinero y fue liberado en diciembre por Estados Unidos.
De acuerdo con datos de la ONG, el año pasado se registraron 383 violaciones a la libertad de expresión, una disminución del 17,4 % respecto a 2022, cuando se computaron 464.
En noviembre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que en Venezuela, “igual que por muchos años”, se mantiene el “constante y sistemático régimen de censura” que “genera autocensura entre los medios” independientes.
Según dijo entonces la SIP, en el país caribeño “al menos dos emisoras salen del aire cada mes” por orden del ente regulador del Estado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), a cuyo “criterio discrecional” están sujetos medios televisivos y radiales.
Ataques a defensores de DDHH
Por otra parte, el viernes pasado se divulgó un reporte de la organización no gubernamental Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) que denunció que en Venezuela se registraron 97 ataques a defensores de derechos humanos durante enero, cuando “recrudecieron las agresiones”.
“El amedrentamiento y las agresiones registradas durante el primer mes del año evidencian la falta de protección para quienes defienden, exigen y promueven derechos y la inexistencia de entornos propicios y seguros para el ejercicio de su labor”, señaló el escrito.
La organización criticó que el régimen chavista y las autoridades del Estado califiquen de “enemigas, traidoras, desestabilizadoras” a las organizaciones no gubernamentales o acusen a activistas de recibir financiamiento internacional “con fines políticos e injerencistas”, o que sus actividades “atentan contra la paz y soberanía nacional”.
El CDJ contabilizó en Venezuela 524 ataques e incidentes de seguridad contra organizaciones y defensores de derechos humanos en 2023, un aumento del 32% con respecto a 2022.
(Con información de EFE)
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