Un fallo judicial en Nueva York sumió en la incertidumbre a los tenedores de bonos de la petrolera chavista PDVSA

En una decisión inesperada que tomó por sorpresa al sector financiero internacional, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York decretó el 20 de febrero pasado que los bonos PDVSA 2020 están sujetos a la ley venezolana de acuerdo con el Código Comercial Uniforme de Nueva York. Este fallo marcó un giro inesperado tras cinco años de litigios costosos y plantea nuevas incertidumbres sobre la subasta de CITGO en Delaware por parte del juez Leonard Stark, poniendo en duda el papel de Nueva York como centro financiero preeminente.

La corte determinó que el proceso de emisión de la deuda se regirá por la ley local de Venezuela, lo que afecta directamente a la cadena de control y garantías establecidas bajo jurisdicción de Estados Unidos para la protección de los tenedores de bonos. Esta resolución ha causado que el valor de los bonos PDVSA 2020 experimentara una caída drástica, de 89 a 67, aunque recientemente se recuperó hasta 84, impulsados por la expectativa de recuperar intereses adicionales por un valor de 530 millones de dólares y su re-inclusión en el índice de bonos de mercados emergentes de JP Morgan.

CITGO, refinadora ubicada en EEUU y objeto de la disputa, se encuentra en un proceso judicial de venta debido a reclamaciones por más de USD 21.000 millones contra el estado venezolano por expropiaciones, incumplimientos de contrato y bonos soberanos. Vale destacar que el valor de CITGO se estima en solo la mitad del total reclamado. Los acreedores recibirán compensación a través de una subasta de CITGO, luego de que se determinara que esta actuaba como un “alter ego” del gobierno venezolano.

La controversia comenzó cuando los bonos PDVSA 2020 fueron emitidos por la petrolera estatal en una Oferta de Canje por el régimen de Nicolás Maduro en septiembre de 2016. A diferencia de los USD 25.000 millones de deuda no garantizada de PDVSA, los tenedores de bonos recibieron una promesa de garantía bajo la ley de Nueva York sobre el 50,1% de Citgo Holding Inc., subsidiaria de PDVSA en EEUU. Unos meses después, en diciembre de 2016, Rosneft recibió una promesa de garantía similar por el 49,9% a cambio de su préstamo a PDVSA.

Desde el principio, la legitimidad de los bonos fue cuestionada por la Asamblea Nacional controlada por la oposición venezolana, elegida en 2015, la cual arguyó que el acuerdo de garantía debía ser aprobado por el parlamento venezolano, citando la Constitución sobre contratos de interés nacional.

En 2019, la administración del entonces presidente Donald Trump lanzó una campaña de “máxima presión” buscando un cambio de régimen en Venezuela, lo cual incluyó el reconocimiento de la Asamblea Nacional como la autoridad legítima del país y la creación de un “Gobierno Interino” bajo Juan Guaidó.

Este gobierno interino, ahora defunto desde diciembre de 2022, tomó control de PDV Holding y sus subsidiarias inicialmente. Incluso pagaron un cupón de 71,5 millones de dólares en mayo de 2019, pero después incumplieron el pago seis meses más tarde e iniciaron un proceso legal contra los tenedores para invalidar la garantía.

Aunque el gobierno interino ya no está en función, la Asamblea Nacional 2015 continúa controlando PDV Holding mediante el “Consejo Ad-Hoc de PDVSA” y un comité para la protección de activos conocido como CAPA.

Este revés legal no solo sacude los cimientos del mercado de bonos venezolano sino también desafía la consistencia de las jurisdicciones legales en disputas internacionales de deuda y activos. La resolución sobre la legislación aplicable a los bonos PDVSA 2020 abre el debate sobre la seguridad jurídica de las inversiones en jurisdicciones extranjeras y las garantías de activos transfronterizos.

En un momento crítico para la política estadounidense hacia Venezuela y con las elecciones venezolanas en el horizonte, Nueva York se enfrenta a una compleja batalla legal que podría redefinir su posición como jurisdicción preferente para la emisión de deudas soberanas. La controversia gira en torno a la validez y reconocimiento de la Asamblea Nacional 2015 y su capacidad legal para continuar litigando contra los tenedores de bonos bajo la constitución venezolana, su término legal expiró en 2021. Este caso no sólo pone a prueba la separación de poderes en Estados Unidos, sino que también desafía la estrategia de acercamiento a través del Acuerdo de Barbados y la subasta CITGO, señalando un período de incertidumbre renovada para la futura emisión de deuda soberana en el estado de Nueva York.

La situación es aún más complicada debido al rechazo por parte del gobierno estadounidense a opinar en el Distrito Sur de Nueva York, una postura que ha llevado a los jueces Stark y Polk-Failla a aventurarse en el terreno del derecho constitucional venezolano.

La licencia general 42 (GL 42), que permite cierto grado de interacción con la petrolera estatal venezolana PDVSA y reconoce a la Junta Ad Hoc de PDVSA, vence en mayo de 2024, lo que presiona a las partes a buscar una solución antes de esta fecha.

Este caso no solo evidencia las profundas divisiones dentro de la política venezolana sino que también ilustra los desafíos de entablar negociaciones de deuda en un contexto político volátil.

El camino a seguir, según los expertos, debería ser un acuerdo entre un representante creíble de Venezuela y los tenedores de bonos. Además, sugieren que la GL 42 debería ser reconsiderada o clarificada, permitiendo así a las firmas energéticas estadounidenses recuperar sus deudas o comprar petróleo y gas. La situación se complica cada día bajo la actual política de EEUU hacia Venezuela, reforzando la caracterización del juez Stark sobre las partes de oposición venezolanas y la Junta Ad-Hoc de PDVSA como “deudores judiciales sumamente recalcitrantes”.

Con el tiempo corriendo en contra, la urgencia de encontrar una solución sostenible nunca ha sido mayor.

El establecimiento de un marco común para las negociaciones, respetando los principios del Acuerdo de Barbados y preservando los activos de CITGO para que puedan ser utilizados para generar fondos adicionales y pagar a los demás acreedores. Sin embargo, la realización efectiva de estas negociaciones sigue estando en franco suspenso, llevando a preguntas más incómodas sobre la futura estrategia de EEUU hacia Venezuela.