El Instituto Casla denunció la crítica situación de los presos políticos en Venezuela: “El Estado comete crímenes de lesa humanidad”

El Instituto Casla denunció la crítica situación que atraviesan los presos políticos en Venezuela, la desaparición forzada de varios de los detenidos en los últimos tres meses e indicó que “el Estado continúa cometiendo crímenes de lesa humanidad”.

A través de un comunicado dado a conocer este jueves, recordó que el pasado lunes 19 de febrero se conoció del traslado forzado de un número aún desconocido de presos políticos desde la sede del DGCIM (la Dirección General de Contrainteligencia Militar) en Boleíta Norte, Caracas; al recién remodelado Internado Judicial El Rodeo 1, ubicado en Guatire, Estado Miranda.

“Los sacaron sin las pocas pertenencias que tenían, sin que sus familiares y abogados fueran notificados de dichos traslados y, de la poca información que se conoce, es que los tienen incomunicados en celdas parecidas en su tamaño y contenido a las celdas de la casa de los sueños del DGCIM, sin que se les permita comunicarse con sus familiares, sin agua potable, teniendo que tomar agua proveniente de tuberías de la calle”, detalló el Instituto Casla.

Y siguió: “También tienen prohibido libros, cartas o cualquier otro material de lectura. Se desconoce si les están suministrando las medicinas que necesitan, ya que varios presentan graves patologías adquiridas durante el tiempo que han estado detenidos, y presumimos que se le sumarán enfermedades gastrointestinales por el tipo de hidratación que consumen”.

El instituto recordó que varios de los trasladados tienen medidas cautelares de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre ellos están el General Héctor Hernández Da Costa, quien se encuentra grave de salud; y el Coronel Oswaldo García Palomo.

“Todos tenían medidas cautelares de protección cuando estaban en el DGCIM y fueron violentados, torturados física y psicológicamente los últimos meses, situación que fue notificada a la CIDH en su debida oportunidad y no obtuvimos respuesta”, detalló.

Luego manifestó que es importante recordar que la detención de varios de los presos políticos trasladados ha sido declarada como “arbitraria” por el Grupo Contra la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que ha exigido su inmediata liberación, y sus casos han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional.

“Hasta ahora se conoce, y no porque el régimen haya entregado un ‘listado oficial’, que además de los anteriormente nombrados, fueron trasladados el Teniente Coronel Igbert Marín Chaparro, Juan Carlos Marrufo, Leonardo Azocar y Daniel Romero del caso ‘Sidor’; y José Gregorio Montiel, José Daniel Mendoza, José Antonio Moreno, Audelino Bermúdez y Jonathan Abache por el caso ‘La Viñeta’”, puntualizó el instituto.

Casla también denunció que algunas personas que han podido entrar a ver a sus familiares, “han sido encapuchadas y guiadas a un locutorio donde pueden ver al detenido por 10 minutos a través de un vidrio, sin ningún tipo de contacto físico”.

En el documento dado a conocer este jueves, el Instituto Casla también hizo referencia a la desaparición forzada de varios de los detenidos en los últimos tres meses, “cuyos familiares y abogados no han podido comunicarse con ellos, no saben con certeza dónde los tienen, no saben cuáles son sus condiciones físicas y psicológicas, e incluso se desconoce si han sido presentados en algún tribunal”, expresó.

“El Estado venezolano continúa cometiendo crímenes de lesa humanidad, convirtiéndolo en una práctica sistemática diaria para acorralar a la sociedad civil y militar, a través de la ejecución de detenciones arbitrarias, desaparición forzada temporal, torturas físicas y psicológicas de los detenidos, amenazas, persecución y detención de familiares a los que mantienen intimidados, aterrados y amenazados si denuncian”, denunció Casla.

Por último, hizo un llamado a la comunidad internacional, “a la responsabilidad que tienen todos los actores según los distintos convenios internacionales de derechos humanos de proteger a los seres humanos de la opresión y la tortura, a los distintos organismos regionales y universales, a las organizaciones de DDHH, al Secretario General de Naciones Unidas António Guterres, al Sistema Interamericano de DDHH (Comisión Interamericana y Corte Interamericana), al Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell; y a todos aquellos que desde su posición y oficio puedan intervenir de alguna forma para que los presos políticos venezolanos sean liberados y que la lista de personas injustamente encarceladas y perseguidas no siga creciendo”.

“La represión y persecución sistemática contra la población venezolana no puede caer en el saco de la ‘normalización’ que el régimen de Nicolás Maduro quiere imponer. El silencio y la falta de acción ante las violaciones sistemáticas de los DDHH en Venezuela pueden constituir flagrantes omisiones e incluso complicidad en algunos casos”, concluyó.

De acuerdo al último balance de la ONG Foro Penal, con fecha al 26 de febrero, en estos momentos hay 264 personas que se encuentran privadas de su libertad por motivos políticos en el país caribeño. Del total, 245 son hombres y 19 mujeres; al tiempo que 147 son militares y 117 civiles. Todos son mayores de edad.

La organización no gubernamental que se encarga de monitorear la situación de los presos políticos en Venezuela asegura que casi 16 mil personas fueron detenidas con fines políticos desde 2014 en el país.