La Unión Europea flexibilizó sanciones a Venezuela y Nicaragua para facilitar el ingreso de ayuda humanitaria

El Consejo introducirá excepciones en la congelación de activos que el bloque aplica a personas o entidades de estas dos dictaduras latinoamericanas

Compartir
Compartir articulo
Fotografía de alimentos donados para asistencia de ancianos en Caracas (EFE/Rayner Peña R./Archivo)
Fotografía de alimentos donados para asistencia de ancianos en Caracas (EFE/Rayner Peña R./Archivo)

Los Veintisiete acordaron este lunes relajar algunas disposiciones de las sanciones impuestas a una decena de regímenes, entre ellos Venezuela, Nicaragua y Túnez, para facilitar a las organizaciones humanitarias en la zona acceder el acceso a la ayuda enviada en situaciones de crisis, en línea con lo establecido por Naciones Unidas.

En concreto, el Consejo introducirá excepciones en la congelación de activos que el bloque aplica a personas o entidades en Bosnia y Herzegovina, Burundi, Guinea, Líbano, Birmania, Nicaragua, Túnez, Venezuela, Zimbabue y en el marco específico contra ciberataques.

Así, los considerados actores humanitarios por la resolución 2664 (2022) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y las agencias y otras organizaciones certificadas como socios humanitarios de la UE podrán realizar transacciones financieras con personas o entidades que figuren en la lista de sancionados si el objetivo es asegurar la asistencia humanitaria en poblaciones vulnerables.

Los Veintisiete revisarán “periódicamente” las excepciones acordadas para evaluar su adecuación y actuar para reajustarlas en el futuro si fuera necesario.

La Unión Europea considera que esta flexibilidad en las medidas restrictivas adoptadas por el bloque -en línea con Naciones Unidas u otros socios internacionales- salvaguarda la acción humanitaria ofrecida por actores “imparciales”.

Además, defiende que con esta decisión se envía un claro mensaje a los operadores humanitarios y actores económicos respecto a que la política de sanciones comunitarias “no obstaculizará” la prestación de asistencia humanitaria.

Una habitante del sector Los Caobos, en el estado Sucre, muestra unas semillas parte del proyecto de Acción Campesina, financiado por el Fondo Humanitario de Venezuela (Foto: OCHA / Wilmer Escalante)
Una habitante del sector Los Caobos, en el estado Sucre, muestra unas semillas parte del proyecto de Acción Campesina, financiado por el Fondo Humanitario de Venezuela (Foto: OCHA / Wilmer Escalante)

Ayuda humanitaria en Venezuela

En el último reporte dado a conocer hasta el momento, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que un total de 1,9 millones de venezolanos recibieron algún tipo de asistencia humanitaria entre enero y septiembre de este año.

Se trata de 1,9 millones de personas alcanzadas con algún tipo de ayuda, algunas de ellas con más de una forma de apoyo, de las cuales el 51 % han sido mujeres y el 49 % hombres.

En detalle, 1,3 millones de venezolanos obtuvieron alguna asistencia en materia de salud, 619.000 en seguridad alimentaria, 551.000 en lo relacionado con agua, saneamiento e higiene, 151.000 en nutrición y 37.000 en educación, entre otras áreas.

Hasta el 30 de septiembre, 133 organizaciones nacionales e internacionales implementaron proyectos en 312 de los 335 municipios del país.

De esta forma, al cierre del noveno mes del año, las organizaciones humanitarias habían alcanzado al 36,5 % de la población meta de 5,2 millones de personas para este año.

El año pasado, la ONU recibió 309,6 millones de dólares de diversos donantes para gestionar la ayuda humanitaria en Venezuela, lo que representó el 38,9 % de los fondos que requirió y con lo que alcanzaron a 2,8 millones de personas con necesidades urgentes.

La organización considera que en 2022 hizo tres “grandes aportes” para el logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el país: “Llegar a las personas más vulnerables” con algún tipo de asistencia, apoyar la recuperación socioeconómica -luego de ocho años de contracción- y “contribuir al diálogo social y abordar los derechos humanos”.

(Con información de Europa Press y EFE)