Tres muertos y seis heridos, entre ellos tres militares, dejó un enfrentamiento entre un grupo de mineros ilegales y miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela a cargo de desmantelar un campamento clandestino en la Amazonia.
El ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, informó el jueves en un comunicado que el incidente ocurrió el miércoles en el sector Cacique del parque nacional Cerro Yapacana, de unas 320.000 hectáreas, en una zona limítrofe con Colombia y Brasil.
“Al momento del abordaje, cuando se conminaba a todas las personas presentes allí a abandonar pacíficamente el sector, un grupo de mineros atacó sorpresiva y premeditadamente a los funcionarios con armas blancas y de fuego”, dijo el ministro. “Está irresponsable acción” fue la causante de las muertes y los heridos, agregó en el escrito.
En el operativo en el estado de Amazonas para frenar los daños ambientales causados por la minería ilegal participaron 400 efectivos militares y se desmantelaron más de 500 estructuras clandestinas utilizadas para el apoyo logístico de la actividad.
Desde el 1 de agosto se han evacuado unos 12.000 mineros ilegales de áreas protegidas. En anteriores operativos no se reportaron incidentes violentos.
Tras el colapso de su industria petrolera, el dictador Nicolás Maduro se vio en la necesidad de buscar nuevas fuentes de ingresos y como parte de esa estrategia suscribió a partir de 2016 una serie de acuerdos con empresas extranjeras para desarrollar un gran proyecto minero estatal conocido como el “Arco Minero” del Orinoco para la extracción de oro, diamantes y coltán, entre otros minerales.
El auge de la actividad minera al sur del río Orinoco se ha convertido en el sustento de poblados cercanos y atrajo a miles de desempleados de todo el país.
En el sur de los estados de Amazonas y Bolívar se registra una creciente minería ilegal y proliferan las bandas criminales que contrabandean oro, según han denunciado las autoridades y los críticos del gobierno de Maduro.
Desalojo voluntario
El 1 de julio, una semana antes de que se reunieran en Colombia los ministros de Ambiente de los ocho países amazónicos, Venezuela comenzó a desalojar, por centenares, a personas que llevaban años viviendo de la minería ilegal, principalmente en el parque nacional Yapacana, habitado casi exclusivamente por comunidades indígenas.
El comandante Hernández Lárez asegura que estas evacuaciones son “voluntarias”, si bien las imágenes que él mismo comparte en las redes sociales muestran a decenas de militares, fusil en mano, llevando a los pobladores en embarcaciones rudimentarias.
Luego de numerosos reportes sobre el avance de los operativos, el régimen de Maduro no ha explicado el destino de los desplazados, por lo que se desconoce si enfrentarán algún proceso penal o dónde fueron a parar una vez que los militares dejaron de escoltarlos.
Una organización humanitaria que opera en la zona aseguró a EFE que las autoridades rechazaron un ofrecimiento de asistencia, al argumentar que los mineros evacuados, entre ellos niños, “tienen sus necesidades cubiertas” y “no necesitan ser ayudados”.
Al respecto, la organización no gubernamental Fundaredes aseguró que persisten las irregularidades en estos operativos, entre ellas “desapariciones forzadas” de personas, aunque sea durante algunas horas.
“Detrás de esos desalojos, siempre hemos detectado arbitrariedades por parte de los funcionarios hacia las personas”, a quienes “no se les respeta su integridad física”, explicó a EFE la ONG que insiste en denunciar la complicidad entre algunos militares y grupos irregulares para cometer desmanes” en la zona.
(Con información de AP y EFE)
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