Hubiera sido mucho más agradable estar en París: a pesar de las amenazas de lluvia, el tradicional desfile militar del Día Nacional de Francia pudo pintar el cielo del verano con los colores de la bandera y a la noche hubo fuegos artificiales. Pero el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, estaba encadenado a su escritorio platense tratando de buscar fondos para pagar los aguinaldos. Aquel sábado logró anunciar el depósito de la primera cuota y prometió que la segunda cancelaría el saldo pendiente.
No precisó fechas: negociaba con la Nación un adelanto de recursos y trataba de reducir el costo, que comenzaba con cambios en el gabinete provincial. Allí estaba la actual ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis.
Lo cierto es que aquel día de pocas noticias —los medios abundaban en análisis políticos, consejos de inversión, especulaciones sobre el mercado inmobiliario, recuerdos del padre Mario, la campaña electoral estadounidense y la crisis europea— Scioli pagó la totalidad del aguinaldo al 15% de los estatales bonaerenses (entre ellos, empleados de la Legislatura y judiciales) y al 85% restante le prometió una segunda cuota final.
Su vice, Gabriel Mariotto, estaba en Vicente López, en un acto del sindicato de encargados de edificios, y si bien nunca pronunció el nombre del actual ministro de Desarrollo Productivo de Alberto Fernández, dijo de mil maneras que comparaba a Scioli con el ex presidente Fernando de la Rúa, el de la crisis de 2001.
“La política no es ocuparse de los famosos y sacarse fotos con deportistas reconocidos”, dijo Mariotto, pocas semanas después de que Scioli invitara a su quinta del Tigre a Diego Maradona y el Kun Agüero. “Eso no es peronismo. Nosotros vamos a estar con los deportistas del barrio y los artistas callejeros”, disputó a su compañero y jefe. “De la Rúa tenía la más alta imagen desde 1973 hasta que cayó”.
El cartel se sostenía en dos postes, tenía tres metros de ancho y dos de alto, y decía: “Ingenio Ledesma. Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado”. Aquel sábado fue descubierto en la localidad jujeña de Libertador General San Martín, donde se encuentra la planta industrial.
Pocos días antes el presidente de la compañía, Carlos Pedro Blaquier, tendría que haber declarado en los tribunales de San Salvador de Jujuy por la Noche del Apagón, el corte de energía durante tres días para secuestrar a personas que serían torturadas y algunas desaparecidas. Pero el auto de Blaquier quedó cubierto de piedrazos, y la audiciencia se suspendió. Según el empresario, fueron los manifestantes; los organismos de derechos humanos lo negaron y mostraron imágenes del paso del vehículo intacto.
El cartel, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, hizo lo que Blaquier no declaró en una investigación que dio tantas vueltas que aún espera el comienzo del juicio: vinculó a Ledesma con el terrorismo de Estado. No sólo controlaba la distribución eléctrica sino que los detenidos fueron llevados en automóviles y camionetas de la compañía.
El lunes Ledesma pediría que el cartel fuera retirado: “Manifestamos nuestro más enérgico repudio a esta acción ilegal, que vulnera nuestros más elementales derechos”, dijo en un comunicado. “Se trata de un prejuzgamiento explícito en una causa judicial que investiga hechos del año 1976, de los que somos totalmente inocentes. No existe una sola sentencia judicial contra Ledesma SA ni contra ningún empleado o directivo de Ledesma en ninguna causa de derechos humanos”.
Hubo otro round en la pelea histórica entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia por la disposición de la basura. O más bien, un bufido de gatos enojados que no causó mayor impacto a las autoridades de CABA.
El gobierno de Scioli le pidió —por medio del Ceamse, al que ordenó limitar la cantidad de desechos aceptados— al de Mauricio Macri que cumpliera con la ley de basura cero y redujera la cantidad de residuos sólidos que deposita en los rellenos sanitarios bonaerenses. Le dio 30 días para pasar de 7.000 toneldas diarias a 3.500. “Haría falta un milagro para que en un mes pueda ocurrir lo que están pidiendo”, comentó Diego Santilli, ministro de Ambiente y Espacio Público de la ciudad. “Seguiremos trabajando como hasta ahora para la reducción de basura”.
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