La búsqueda de Axel Alejandro González atraviesa una nueva etapa tras una pericia que descartó uno de los rastros bajo análisis en la causa. Cinco meses después de la última vez que fue visto, la Justicia aún no logró establecer qué ocurrió con él.
Las sospechas sobre la actuación de los agentes policiales durante la madrugada en que desapareció González llevaron a la Justicia a secuestrar móviles, revisar sus recorridos y analizar posibles rastros biológicos.
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En ese marco fue peritada una camioneta Nissan vinculada a la Comisaría Segunda de Fontana, dependencia que quedó bajo la lupa por su intervención en las horas previas a que el joven perdiera contacto con su familia.
Sobre ese vehículo, los peritos hallaron una muestra de sangre humana. El Instituto de Medicina y Ciencias Forenses comparó el material genético con un hisopado bucal de María Inés Gómez, madre de Axel, y detectó nueve incompatibilidades. El ADN encontrado en el Nissan no corresponde a González.
El resultado descarta que ese rastro sea del joven, aunque no permite identificar a su aportante ni establecer qué ocurrió después de la madrugada en que desapareció. Además, tomaron otras dos muestras más que tomadas provenían de recortes de tela de asientos. Aunque habían dado reacción positiva en pruebas preliminares para detectar sangre humana, no contenían ADN suficiente para obtener perfiles genéticos comparables.
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La última vez que vieron a Axel González y la investigación
Axel Alejandro González fue visto por última vez durante la noche del 16 de mayo y la madrugada del 17, en el barrio Anunciación de Fontana. Su domicilio estaba en el barrio Takay, en Puerto Tirol, y la reconstrucción inicial ubicó al joven en la zona luego de haber salido hacia la vivienda de su entonces pareja.
La última secuencia que analiza la fiscalía lo sitúa junto a Ariel Lázaro. Según esa versión, la presencia de un patrullero inquietó a Axel, que corrió del lugar; los agentes habrían ido detrás de él. Después de ese episodio, ocurrido cerca de las 2, no volvió a comunicarse con su familia ni fue localizado.
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Al momento de su desaparición, Axel tenía 21 años, medía cerca de 1,70 metros, era de contextura delgada, tez blanca y llevaba el cabello negro y enrulado. Tiene un tatuaje con el nombre “Lautaro” en el brazo derecho y usaba una tobillera tejida de color rosado o violeta. Vestía pantalón de acetato negro, medias de Boca Juniors, ojotas blancas y una campera inflable negra.
La investigación intenta establecer qué sucedió y para eso, revisó las declaraciones de quienes estuvieron con el joven, las imágenes de cámaras de seguridad, los teléfonos secuestrados y los recorridos registrados por los sistemas de geolocalización de los móviles policiales que operaron aquella madrugada.
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En los días siguientes, los rastrillajes se extendieron por Fontana, Puerto Tirol, sectores rurales, terrenos baldíos y zonas cercanas al riacho Arazá. Participaron efectivos de distintas divisiones, canes, drones y equipos de rescate acuático, sin resultados que permitieran ubicar a Axel.
La familia también denunció irregularidades en el trabajo inicial. Gómez cuestionó, entre otros aspectos, el hallazgo de una ojota atribuida a su hijo en un sitio que, según sostuvo, había sido revisado el día anterior. Esas denuncias derivaron en una pesquisa paralela sobre la actuación de personal policial.
En paralelo, la investigación avanzó sobre el entorno de la expareja de Axel y derivó en varias detenciones por amenazas y presunto encubrimiento. En agosto, dos de los acusados recuperaron la libertad por falta de pruebas.
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El Gobierno nacional elevó de $10 millones a $15 millones la recompensa por información que permita establecer el paradero de Axel. La medida fue formalizada mediante la Resolución 1068/2026, publicada el 20 de octubre en el Boletín Oficial.
La recompensa está destinada a quienes no hayan participado en los hechos investigados y puedan aportar información concreta sobre el paradero del joven. Los datos pueden brindarse de manera confidencial a la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas.
La fiscal Julieta Arolfo había solicitado en septiembre que se elevara el monto, pedido que también respaldó el ministro de Seguridad chaqueño, Hugo Matkovich. La resolución nacional menciona que la causa contempla la hipótesis de un delito contra la integridad física.
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