
El secretario general de la Uocra Rosario Carlos Vergara y el jefe de la barra brava de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte fueron imputados junto a otras siete personas en la mañana de este jueves como los presuntos jefes de una asociación ilícita que, sobre la base de extorsiones, obtuvo ingresos millonarios a través de negocios con viandas, alquiler de baños químicos y pago de coimas para otorgar los certificados de libre deuda sindical a empresas contratistas. El fiscal Miguel Moreno también atribuyó a “Pillín” y Vergara haber exigido a constructoras que contraten a gente de su entorno para que cobren un sueldo sin trabajar, como fue el caso del hijo del jefe del paraavalanchas del club canalla.
Moreno, en su exposición en la audiencia imputativa del caso, realizada entre ayer y hoy, ubicó a Vergara y Bracamonte como los presuntos líderes de la asociación ilícita. Explicó que ambos comenzaron a relacionarse desde 2018, meses después de que el sindicalista fuera designado como interventor de la seccional La Plata el 27 de septiembre de 2017 tras la detención de su anterior secretario general Juan Pablo “Pata” Medina.

Según afirmó el fiscal, Vergara desde que abarcó La Plata empezó a relacionarse tanto con “Pillín” como con Iván Tobar, una de las caras visibles de la barra brava de Estudiantes de La Plata, quien aparentemente llegó a amenazar en nombre del interventor de la Uocra a familiares del “Pata” Medina y “pasó a integrar el grupo que controlaba el sindicato intervenido”.
“(Vergara y “Pillín”) forman una simbiosis perfecta. Bracamonte aporta la fuerza de choque para que Vergara se mantenga en el poder sindical. Y Vergara, a su vez, aporta la estructura de la Uocra para que Bracamonte realice sus negocios extorsivos”, comentó el fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos.
A la hora de repasar las formas de extorsionar, Moreno enumeró tres variantes: dinero por parte de la UOCRA para entregar el certificado de libre deuda sindical, presuntas maniobras denominadas por el fiscal como de “rentamiento”, y “la colaboración de un inmueble”.
Con respecto al libre deuda, contó que personal de la UOCRA que responde a Vergara exigen a empresas vinculadas a la construcción la contratación de servicio de viandas y alquiler de baños químicos, más una “colaboración dineraria” para el gremio que debía otorgar el certificado.

“La consecuencia del incumplimiento por parte del contratista de la exigencia de adquirir las viandas y los baños químicos a determinados proveedores, es la imposibilidad de ingresar a planta a desarrollar las tareas para las que fuera contratado. La consecuencia para la empresa en cuya planta deben realizarse los trabajos, para el caso de no exigir el ‘libre deuda sindical local’, es que el sindicato a través de acciones de fuerza –bloqueo de ingreso– impide el ingreso a planta”, señaló.
Moreno enfatizó que no en todas las obras piden la “colaboración dineraria” por el certificado, pero lo que sí se mantiene en todos los casos es la exigencia de contratar viandas a un determinar proveedor digitado por ellos y el alquiler de baños químicos. Quien tiene sociedades que realiza viandas y alquila baños químicos en la región, casualmente, es Andrés Bracamonte.
La otra modalidad extorsiva de la presunta asociación ilícita fue, tal como anunció, el “rentamiento”, una suerte de ñoqui privado. “Consiste en exigir, mediante amenazas, a una empresa vinculada al rubro de la construcción la contratación de determinadas personas relacionadas directa o indirectamente con los investigados y que dichas personas cobren un salario sin trabajar efectivamente. Estos hechos fueron corroborados respecto de un hijo de Andrés Bracamonte y de dos hijos de Carlos Vergara, pero la lista no termina ahí”, concluyó el fiscal.

La tercera presunta maniobra extorsiva apuntada por el fiscal tiene directa alusión al secretario general de la UOCRA Rosario. “Carlos Vergara incorporó inmuebles al patrimonio familiar a partir de simulaciones de adhesiones a fideicomisos o compraventas con empresas constructoras. La simulación consiste en que el precio que consta en los contratos nunca se abonó”, sostuvo.
Debajo de Bracamonte y Vergara, el fiscal expresó que se encuentran los imputados Fernando Rigiracciolo –quien figura como socio de “Pillín” en distintas sociedades mediante las que se hacían viandas y alquiler de baños–, Cristian Raúl Díaz, Horacio Manzo, Roque Raúl Monzón, Juan Manuel Enriquez y Juan Pablo Menucci, todos de la Uocra.
Enríquez y Díaz cumplen funciones en la sede de Villa Constitución y se encargan, de acuerdo a la causa, de atender a los contratistas en el sindicato. Con ellos es con quien se debe acordar la contratación de los servicios de viandas y baños químicos.
Manzo, en tanto, fue considerado en la causa como “el brazo recaudador” de Vergara y su chofer personal. “Vergara no sale de la provincia sin Manzo”, sostuvo Moreno.
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