Casanello y Rívolo viajan a Nueva York por el caso de la Ruta del Dinero K

Les tomarán testimonio a tres abogados que intervinieron en el litigio con los fondos buitre e investigan posible encubrimiento de cuentas de testaferros en el exterior

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Carlos Rívolo y Sebastián Casanello
Carlos Rívolo y Sebastián Casanello

El 28 de febrero próximo, un juez y un fiscal argentinos tomarán varias declaraciones en la Oficina de Fiscales del Distrito Sur de Nueva York. El juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo interrogarán a tres testigos en un caso relacionado con la causa conocida como "La Ruta del Dinero K".

Rívolo reemplazará en el viaje al fiscal original del caso, Guillermo Marijuán quien, por razones personales, no puede viajar a los Estados Unidos.

Los argentinos interrogarán a tres testigos que trabajaron en el estudio Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP, que representó a la Argentina en el conflicto judicial entablado por los fondos buitre.

El fondo buitre de Paul Singer había realizado un procedimiento de discovery para buscar sociedades y cuentas vinculadas con el kirchnerismo en los Estados Unidos. La idea de los fondos buitre era hallar fondos de posibles testaferros y embargarlos para cobrar la deuda por los bonos argentinos que tenían en su poder.

La Justicia estadounidense autorizó ese proceso y se apuntó a 123 sociedades y al empresario Lázaro Báez y su círculo familiar y de negocios.

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La información producto del discovery era enviada a la Argentina por el estudio de abogados de Nueva York pero, según se determinó con el cambio de Gobierno, quedó en la Procuración del Tesoro, que estaba a cargo de Angelina Abbona. Esa información que estaba disponible no se sumó a la causa judicial sino hasta finalizado el kirchnerismo.

Hay una investigación en curso por posible encubrimiento y es por ello que viajarán Casanello y Rívolo. Allí interrogarán a los abogados Ezequiel Sánchez Herrera, Carmine Bocuzzi y Jonathan Blackman quienes estaban a cargo del caso argentino.

Las autoridades judiciales argentinas quieren saber si recibieron órdenes desde la Procuración del Tesoro o de algún otro organismo público respecto de qué hacer con la información que les iba llegando.