Matías Santana y Andrea Millañanco (Nicolás Stulberg)
Matías Santana y Andrea Millañanco (Nicolás Stulberg)

El Gobierno reactivó la causa Maldonado de manera lateral. Un emisario del Ministerio de Seguridad entregó ayer en la fiscalía federal de Esquel una denuncia contra siete integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen y un hombre que dijo ser amigo de Santiago Maldonado: acusa a los ocho del delito de falso testimonio.

La administración de Mauricio Macri considera que estas personas, al momento de declarar como testigos en la causa caratulada como "desaparición forzada", desplegaron "compendios de mentiras". Los denunciados son el joven Matías Santana; Claudina y Ailinco Pilquiman; Soraya Guitart, vocera de la comunidad; Adriana Baigorria; Andrea Millañanco, compañera del lonko Facundo Jones Huala, y Lucas Pilquiman, quien se hizo conocido como el "testigo E". También fue apuntado Ariel Garzi, amigo de Maldonado, quien dijo que el 2 de agosto, un día después de la desaparición del tatuador, llamó a uno de sus teléfonos y fue atendido durante varios segundos.

Andrea Millañanco se enteró por este medio de la denuncia en su contra. "No me preocupa porque dijimos la verdad", aseguró ante la consulta de Infobae, y explicó que ella, en su declaración, sólo aportó números de teléfonos de compañeros que le habían avisado de la desaparición de Santiago. "Si es necesario me presento de nuevo", aclaró la pareja de Jones Huala.

Gonzalo Cané, titular de la Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, de la cartera que conduce Patricia Bullrich, acercó la denuncia a la fiscalía federal de Esquel, a cargo de Silvina Ávila. Según pudo saber Infobae, la fiscal está de licencia hasta el 5 de febrero y de momento, salvo que exista un pedido "urgentísimo" de allanamiento, no habrá investigación hasta su vuelta. La instrucción estará supervisada por el juez federal de esa ciudad, Guido Otranto, cuya esposa es secretaria de la fiscalía de Ávila, y quien estuvo al frente de la causa Maldonado hasta su recusación y reemplazo por el magistrado de Trelew, Guillermo Lleral, quien actualmente investiga la muerte de Santiago. Otranto también se enteró este jueves de la denuncia.

Matías Santana (Nicolás Stulberg)
Matías Santana (Nicolás Stulberg)

El delito de falso testimonio prevé una pena de hasta cuatro años de prisión. A Matías Santana se lo acusa por sus declaraciones respecto del momento en que ocurrió el operativo represivo de Gendarmería Nacional en la Pu Lof el 1º de agosto pasado. El joven mapuche de 20 años dijo que él había visto cómo los agentes se llevaban un bulto donde él vio una campera celeste, igual a la suya, que se la había prestado a Maldonado.

Claudina Pilquiman es la madre de Lucas: a ella el Gobierno le apunta por no haber manifestado en la declaración lo que su hijo supuestamente le contó del momento donde vio por última vez a Santiago. El "testigo E" dio dos versiones sobre ese momento. Para la causa la que vale es la que hizo con el juez Lleral (la otra fue ante abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos): un relato detallado de cómo fueron los últimos minutos que vio con vida al tatuador, qué relación tenía con él, cuál fue el contexto en el que murió, que los gendarmes gritaban "indios de mierda" y "maten a uno".

Gonzalo Cané (Nicolás Stulberg)
Gonzalo Cané (Nicolás Stulberg)

Según declaró ante la Justicia Pilquiman, el último momento que vio a Santiago Maldonado fue cuando ambos intentaban cruzar el río, pasadas las 11 del 1º de agosto, mientras entraban "unos 70 gendarmes" a la Pu Lof. Pero el joven nacido en el pueblo bonaerense de 25 de Mayo, que no sabía nadar y le temía al agua, le dijo, ya con el agua por el pecho, "no puedo, Peñi, no puedo". Entonces él cruzó el río: "La última vez que lo vi estaba escondido de Gendarmería entre los sauces".

La denuncia, a la que tuvo acceso Infobae, consiste en indagar sobre las inconsistencias de las declaraciones de los apuntados, en lo que para el gobierno fue un "ahogamiento accidental": "Los testimonios fueron condición necesaria para la posterior construcción del relato por parte de determinados funcionarios judiciales, referentes políticos y miembros de organizaciones de derechos humanos, quienes no dudaron en calificar el ahogamiento accidental del señor Maldonado en el río Chubut como una desaparición forzada de persona".

"Lo único que intentan es hostigar a la gente que apoya la lucha. Es otro absurdo intento de querer desligarse de la responsabilidad que tiene el Gobierno en la muerte de Santiago", opinó Millañanco.