La seguidilla de ataques de perros con víctimas fatales y heridos graves volvió a instalar el debate en Córdoba, donde diputados nacionales presentaron un proyecto que busca crear un registro, chip identificatorio y seguro obligatorio para perros potencialmente peligrosos, además de incorporar sanciones penales para propietarios, tenedores o cuidadores en determinados casos.
La iniciativa, impulsada entre otros por la diputada nacional Alejandra Torres, propone un marco de alcance nacional para la tenencia responsable. El texto combina obligaciones administrativas, que requerirían la intervención de provincias y municipios, con cambios en normas de fondo que dependen del Congreso, como el régimen de responsabilidad civil y las modificaciones al Código Penal.
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Qué propone el proyecto
La propuesta establece la creación de un registro especial para los perros potencialmente peligrosos. Cada animal debería contar con un chip que permita su identificación y localización dentro de ese sistema. El esquema apunta a asociar al perro con una persona responsable y a facilitar la determinación de responsabilidades ante un eventual incidente.
También plantea la contratación obligatoria de un seguro de responsabilidad civil para afrontar los daños que un animal pueda ocasionar. A ello se suman condiciones específicas para la tenencia, el traslado y la circulación de los perros alcanzados por la norma.
El proyecto no se limita a las consecuencias posteriores a una agresión. Incluye reglas de prevención y contempla que puedan aplicarse sanciones frente a conductas riesgosas, como dejar suelto en la vía pública a un perro potencialmente peligroso sin las medidas de seguridad correspondientes.
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Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la incorporación de nuevas figuras al Código Penal vinculadas con los daños causados por estos animales. La propuesta prevé analizar la responsabilidad de propietarios, tenedores o cuidadores cuando un ataque produzca lesiones o un homicidio.
El alcance de esas sanciones y las circunstancias que podrían configurar una conducta punible deberán ser discutidos en las comisiones de la Cámara de Diputados. El debate incluirá la delimitación de competencias entre la Nación, que puede legislar sobre cuestiones de fondo, y las jurisdicciones locales, que tendrían a su cargo gran parte de los controles administrativos.
En la provincia ya existen disposiciones municipales sobre tenencia y circulación de animales considerados peligrosos. Sin embargo, el nuevo proyecto busca fijar estándares mínimos para todo el país. Su aplicación efectiva dependería de los mecanismos de fiscalización que definan las autoridades provinciales y municipales.
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Dos muertes en pocas horas reavivaron la discusión en Córdoba
La discusión legislativa cobró fuerza después de dos episodios ocurridos el 5 de septiembre en Córdoba, donde dos niños de 2 años murieron tras ser atacados por perros con pocas horas de diferencia.
El primero ocurrió en barrio Cabildo, en la ciudad de Córdoba. Una niña fue atacada por dos dogos que pertenecían a sus tíos y sufrió heridas de gravedad. Fue asistida en el Hospital Príncipe de Asturias y luego trasladada al Hospital de Niños, donde murió tras ser sometida a una operación de urgencia.
Más tarde, en barrio Villa Oviedo, de Alta Gracia, un pitbull atacó dentro de una vivienda a un niño de la misma edad. El menor fue llevado al Hospital Regional Arturo U. Illia, pero murió pese a los intentos de reanimación. El dueño del animal, de 30 años, quedó detenido y la causa es investigada por la Fiscalía de Primer Turno, a cargo del fiscal Diego Fernández.
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Esos casos elevaron a 11 la cantidad de episodios graves registrados en Córdoba durante 2026, entre muertes y lesiones de consideración. El 9 de agosto, un pitbull atacó a un niño de 3 años en barrio Villa La Lonja, en la capital provincial, y la víctima murió poco después. En barrio Remedios de Escalada, otro menor de la misma edad sufrió lesiones en el rostro tras la agresión de un perro cruza con pitbull y recibió 65 puntos de sutura.
La sucesión de hechos coincide además con el avance del proceso judicial por la muerte de Trinidad Ballesteros, en una causa vinculada con el ataque de dogos. Mientras tanto, el proyecto presentado en el Congreso deberá ser tratado en comisiones antes de llegar al recinto de la Cámara de Diputados.
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