La absolución de los exfuncionarios del COE en el caso de Solange Musse reavivó el dolor y la indignación de su familia, que anunció su intención de apelar el fallo. El veredicto, dictado por la Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto mediante un jurado popular, eximió de responsabilidad a Eduardo Andrada, exdirector del Hospital de Huinca Renancó, y a la asistente social Analía Morales, quienes estaban acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. “Odio y bronca”, dijo sentir el padre de la joven.
La decisión judicial, que absolvió a Andrada por mayoría y a Morales por unanimidad, fue presidida por Daniel Vaudagna junto a los vocales Nicolás Rins y Diego Ortíz, además de los jurados populares. Tras escuchar la sentencia, Pablo Musse, padre de Solange, expresó su desilusión y enojo, aplaudiendo de manera irónica en la sala.
“No me lo esperaba. Había dicho que confiaba en el jurado popular, parece que no es así. Lamentablemente sobreseídos los dos, vamos a apelar el fallo y ver qué pasa”, afirmó Musse en declaraciones recogidas por El Doce.
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Tras la resolución judicial, el padre de la joven manifestó ante los medios su profundo malestar: “Odio y bronca. El mismo sentimiento que sentí ese domingo 16 en el cual no me dejaron pasar a ver a mi hija y esto no va a quedar acá. Esperaba que realmente se haga justicia, lamentablemente en la Argentina seguimos sin justicia”. “Nunca hubo justicia, menos ahora”, concluyó.
Según la acusación, el 16 de agosto de 2020, Musse intentó entrar a la provincia por el puesto sanitario ubicado en Huinca Renancó, acompañado por su cuñada Paola Oviedo, quien tiene una discapacidad motriz. Ambos contaban con los permisos de circulación emitidos por el Gobierno nacional bajo el causal de fuerza mayor, y el permiso de “regreso a casa” para Oviedo. Sin embargo, no tenían el resultado de un test PCR negativo con 48 horas de vigencia, exigido entonces para ingresar al territorio provincial. Les realizaron dos test rápidos, cuyos resultados fueron luego calificados como falsos positivos, y se ordenó su retorno a la localidad neuquina de Plottier en un operativo de encapsulamiento acompañado por patrulleros.
Cinco días más tarde, Solange Musse murió sin haber podido reencontrarse con su padre.
El fiscal del caso, Julio Rivero, sostuvo en su alegato que tanto Andrada como Morales eran responsables de la decisión de impedir el ingreso. Afirmó que el protocolo 48, vigente en ese momento, contemplaba flexibilidades en casos de fuerza mayor y que Musse debió haber sido trasladado al Hospital de Río Cuarto para realizar allí el PCR. También señaló que se vulneraron los derechos de una persona con discapacidad, en referencia a Oviedo.
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Además, pidió que se declare a Solange Musse y su familia como víctimas de violencia institucional y que se coloque una placa conmemorativa en el límite sur de Córdoba, donde ocurrió el hecho.
La defensa, en cambio, argumentó que ni Andrada ni Morales tuvieron responsabilidad directa en la decisión final. Alegaron que el operativo fue producto de una estructura jerárquica más amplia y que sus imputaciones respondían a deficiencias en la investigación. A lo largo del juicio, declararon exministros, médicos, policías y miembros del Centro de Operaciones de Emergencia (COE). Algunos testigos defendieron la aplicación estricta del protocolo en un contexto sin vacunas y con alta circulación viral; otros reconocieron que se pudo haber contemplado una excepción humanitaria.
Durante las audiencias también se planteó una ampliación de las acusaciones. El abogado de la querella, Carlos Nayi, había solicitado que Andrada fuese juzgado como coautor de abuso de autoridad y autor mediato de privación ilegítima de la libertad por abuso funcional y vejaciones. Mientras que para Morales pidió que se la investigue como coautora de abuso de autoridad y autora mediata de privación ilegítima de la libertad calificada, en concurso real. Sin embargo, esas solicitudes no prosperaron.
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