El ministro de Defensa, Luis Petri, anunció que los archivos sobre los jerarcas nazis que escaparon a Argentina ya fueron desclasificados y enviados al Centro Simon Wiesenthal. Esta medida responde a una solicitud del senador estadounidense Chuck Grassley, miembro del Comité Judicial del Senado, para que las autoridades locales colaboren en su investigación.
“La Argentina, en su momento, se transformó en una guarida de nazis. Acá vivieron jerarcas nazis como Mengele, como Priebke, como Eichmann. Se calcula que alrededor de 5000 nazis pueden haber transitado por la República Argentina entre el 45 y el 55″, comenzó Petri, en diálogo con el programa DNews.
Sin embargo, advirtió que, además de la “ruta de las ratas”, también podría haber circulado en el país dinero de operaciones vinculadas a los jerarcas. Todo comenzó luego de que el presidente Javier Milei recibiera en la Rosada a las autoridades del Centro Simon Wiesenthal, que le entregaron una carta del senador Grassley, pidiendo colaboración en su investigación.
“Había interés de conocer algunas actas del directorio que daban cuenta de operaciones de fabricaciones militares entre el periodo que va de 1945 a 1950. Esas actas, llamativamente, eran secretas y encomendaban la contratación -por ejemplo- de personas en países europeos”, precisó el titular de Defensa, quien consideró que esta documentación puede ayudar a esclarecer el movimiento de los fondos nazis o aquellos confiscados por los jerarcas.
Según explicó, las actas también permitirán esclarecer como operaron determinados bancos europeos “para facilitar y encubrir el manejo de esos fondos espurios”.
“Es una pista novedosa la que ha surgido. Recordemos que, en un primer lugar, se puso el foco en aquellos nazis que habían llegado a la República Argentina y hoy lo que se está reconstruyendo es cómo se financiaron, cómo se sostuvieron económicamente y quiénes facilitaron el sostenimiento económico de estos jerarcas nazis”, aseguró.
Según explicó, los archivos ya están siendo analizados por el centro norteamericano: “Decidimos aportar toda la información que fue requerida porque nos parece que es trascendental para que los rastros de la Shoá, del Holocausto, permanezcan en la memoria colectiva de la humanidad”.
La medida va en consonancia con la desclasificación de toda la documentación vinculada al accionar de las Fuerzas Armadas durante la última Dictadura, y de épocas anteriores. “Estaba en poder de la Justicia la documentación. Lo que va a suceder ahora es que, no solamente los jueces y los expedientes judiciales van a tomar conocimiento de esta información, sino que se va a hacer pública y esto es, es trascendental”, explicó.
“Me parece que es importantísimo para que la sociedad en su conjunto pueda acceder a esa documentación que reconstruye y recrea parte de la historia de nuestro país, en donde nosotros decimos que hay que tener memoria completa, ¿no? Y lo venimos sosteniendo desde el 10 de diciembre”, agregó, en la entrevista con el periodista Alfredo Leuco.
El pasado 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Gobierno informó que traspasaría los archivos que están bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) al Archivo General de la Nación, organismo encargado de la conservación de documentos históricos. Son más de 3 mil cajas de archivos.
En esa ocasión, el vocero presidencial, Manuel Adorni informó que el Gobierno reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) a la familia del capitán Humberto Viola fue un crimen de lesa humanidad. La decisión alude a un ataque perpetrado el 1 de diciembre de 1974, en el centro de San Miguel, en el que murieron Viola y su hija María Cristina, de apenas 3 años de edad. Como el caso no era reconocido como de lesa humanidad, la Justicia no podía avanzar con el pedido de la familia de reabrir la investigación.