Desde que se conoció que más de 700 restos humanos fueron encontrados abandonados en el Cementerio de La Plata, las autoridades municipales confirmaron que 150 fallecidos fueron identificados a lo largo de la investigación que ordenó la Justicia. Asimismo, confirmaron que se trataban de personas que habían muerto a finales de los años ‘80 y comienzos de los ‘90.
El hallazgo de los ataúdes y bolsas que contenían restos humanos ocurrió el pasado 20 de febrero, después de que el intendente Julio Alak ordenara que se realizaran auditorías en una serie de dependencias en la ciudad para conocer el estado en el que se encontraba la administración municipal.
En el marco de ese procedimiento, el personal municipal y de la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad provincial descubrieron que la irregularidad al inspeccionar el cementerio. En este sentido, señalaron que los cuerpos estaban repartidos entre cuatro depósitos.
Frente a la falta de información sobre lo ocurrido con los restos, se abrió una investigación en el fuero penal de La Plata que fue encabezada por la fiscal Cecilia Corfield. Según la información obtenida por el medio local 0221, los funcionarios judiciales pasarán a inhumar los restos de las personas que ya hayan sido identificadas, mientras que continúan las tareas para dar con el reconocimiento de los cuerpos restantes.
“Hay un trabajo sistemático, se comenzó a trabajar con los restos que estaban en el depósito del segundo piso”, explicaron las fuentes vinculadas a las pericias que fueron encomendadas a la Dirección de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, indicaron que los restos correspondían a féretros que contaban con su placa identificatoria.
Hasta el momento, la fiscal planteó las sospechas de que los cadáveres no llegaron ahí “producto de desgaste natural”, sino que “se trató de un acto llevado a cabo de forma deliberada”. Incluso, indicó que se desconoce el tiempo que permanecieron en esas condiciones.
Según precisaron desde el municipio, uno de los primeros lugares donde advirtieron anomalías fue en el panteón denominado “Protectora”. Se trata de un subsuelo con escalera, donde los inspectores percibieron olor fuerte y nauseabundo y descubrieron 16 féretros de madera con una protección interior metálica, lo cual denota que su procedencia pudo ser de una bóveda o de un nicho.
Acerca de los ataúdes que fueron localizados en esa zona del cementerio, los funcionarios judiciales detallaron que varios de ellos tenían agua estancada en el piso. En el segundo depósito señalaron que había otros 15 cajones y las bolsas con restos no contaban con nombre, nicho y ubicación catastral.
El tercer espacio relevado está ubicado en el segundo piso del edificio, en la entrada del cementerio sobre calle 31, donde se divisaron 340 féretros de personas adultas y otros 22 correspondientes a niños, ya que tenían la identificación de “angelitos”. De igual modo, también había bolsas de consorcios con restos óseos y huesos desparramados por el piso.
Por último, en el cuarto depósito, denominado “galpón de arena”, se visualizaron cuatro lugares separados con más de 107 ataúdes apilados indiscriminadamente y más bolsas negras de consorcio con restos humanos.
Por otro lado, informaron que varios organismos se involucraron en la tarea de reconocimiento, debido a que se trata de un tema sensible por las tragedias que se han registrado en la ciudad. Incluso, detallaron que la causa podría enlazarse con otros casos.
Hasta el momento, se sumaron a la investigación el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que participa en la búsqueda de Jorge Julio López, uno de los testigos claves en el juicio por crímenes de lesa humanidad en contra del genocida Miguel Etchecolatz que desapareció en 2006.
De la misma manera, la madre del desaparecido Miguel Bru, Rosa Schoenfeld de Bru, los funcionarios del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) y el Director de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Incháurregui, comenzaron a colaborar con la fiscal Corfield.