La relación entre biodiversidad y economía, una de las posibles claves para la recuperación post pandemia

Una arboleda, un yaguareté, el sonido de la corriente de un río, recorrer las Cataratas del Iguazú en una noche de luna llena y escuchar tronar el agua y el silencio. No se trata de la mera descripción de un paisaje, son recursos naturales que forman parte de la biodiversidad argentina y que podrían traducirse en un valor económico.

Este fue el tema que se debatió en un webinar sobre la valorización de los ecosistemas, pero especialmente de su protección. “Cada vez más vemos hablar de temas ambientales en los mercados financieros. La acción verde se ha extendido más de lo que parece. Más allá del deber moral, hay veces que ayuda ponerle algún número detrás y de lo que significan para nosotros los recursos naturales, por ejemplo en términos de salud”, comenzó durante su exposición José Dallo, representante del Programa de ONU Medio Ambiente para el Cono Sur en el seminario organizado por el Instituto Misionero de la Biodiversidad (IMBIO).

La entidad organizó el debate que pretende identificar y demostrar los beneficios económicos derivados de la conservación y del uso sostenible de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, y el ejemplo que representa para la Argentina el caso de Misiones.

Durante el encuentro, el ministro de Hacienda de la provincia Adolfo Safrán mostró algunos números impactantes: por ejemplo, por no haber apostado a la producción agrícola, especialmente de soja, y haber conservado el ambiente, dejaron de percibir en los últimos 20 años unos USD 6.300 millones de dólares, según el cálculo oficial.

En ese sentido, Alberto Pacheco Capella, coordinador regional de subprogramas de biodiversidad y ecosistemas de América Latina y el Caribe, fue contundente: “Se necesita un cambio conceptual de nuestra relación con la naturaleza. Si ponemos a la naturaleza como motor de la economía, vemos que el 42% de las exportaciones globales están basadas en la biodiversidad; eso representó 427.000 millones de dólares en 2016 con suba anual del 7%”.

El modelo de cálculo que propone Capella es el TEEB, que es el acrónimo de Economía de la Biodiversidad y los Ecosistemas, un programa del PNUMA que comenzó hace 10 años. Se basa en establecer los recursos que aportan actividades como la agricultura, la pesca, los bosques y el turismo y su valor depende de la salud de la biodiversidad.

“Se trata de una herramienta económica muy útil para reconocer los servicios ecosistémicos que están dando algún tipo de bienestar humano. Eso se denomina capital natural y está compuesto por servicios abastecimiento (alimentos silvestres, cosechas, agua dulce, medicamentos); regulación (filtración de los suelos, servicios de los humedales); regulación climática (polinización, arrecifes); servicios culturales (actividades recreativas, educación), y los servicios de apoyo (formación de suelos, fotosíntesis, ciclo de nutrientes)”, detalló.

El caso de Misiones es interesante de analizar ya que está rodeado de vecinos que han apostado por otro tipo de producción: “La selva paranaense es un hotspot de biodiversidad para el mundo: allí se encuentra el 52% de la biodiversidad de Argentina, con más de 150 especies de mamíferos, incluido el yaguareté; 564 especies de aves; 260 de peces; 116 de reptiles; 68 de anfibios; y miles de tipos de plantas y hongos”, detalló Viviana Rovira, presidenta del IMBIO.

Sin embargo, entre 2000 y 2013, el 7% de los bosques fueron destruidos. La selva paranaense se enfrenta a graves amenazas por la expansión agrícola. En los últimos 120 años, se ha perdido el 95% de ella. Del cinco por ciento restante que sigue en pie, la mayor parte se encuentra en la provincia de Misiones. La pérdida de bosque ha tenido un impacto devastador sobre la flora y la fauna. De más de 1.000 especies y subespecies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos, el 20% están amenazadas o casi en peligro de extinción.

“Nos hemos endeudado con el futuro, hemos gastado a cuenta. La Argentina tiene una actitud absolutamente depredadora del modelo productivo. Es momento de que pongamos el foco en los recursos naturales en una región. En esta salida de la pandemia, para poder seguir adelante debemos dar una respuesta que constituya una inversión y le garantice a nuestros hijos y nietos que contarán con las herramientas suficientes para afrontar los retos de su época”, sostuvo Silvia Vázquez, directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería.

El tema es quién paga esos servicios que dejan de ser percibidos por quienes eligen conservar y proteger. “Para poder responder esta pregunta me gustaría hacerlo de un modo positivo. No es bueno hacer pagar a quienes contaminen porque la idea es evitar esa contaminación. Así que aquellos que se benefician de servicios ecosistémicos y generen renta producto de calidad de aire o de agua, esa renta debería ser distribuida en función de los servicios ecosistémicos que, por ejemplo, provee la provincia de Misiones”, explicó Horacio Schenone, presidente de la Fundación Bosques Nativos Argentinos.

Algunas de las propuestas que surgieron tienen que ver con la creación de un fondo compuesto, por ejemplo, con un porcentaje del dinero que se obtiene por las retenciones de las exportaciones agrícolas, como establece la ley de protección de bosques nativos.

Sin embargo, la realidad está lejos de ser ideal ya que esa ley no se cumple, no sólo por el porcentaje establecido para que se reparta, también porque las provincias reciben esos recursos con demora.

Para culminar, Pacheco agregó que las preguntas que tenemos que hacer para visualizar los costos son: “¿Quién paga los costos de la inacción, de la salud pública, de la contaminación, de la pérdida de productividad? Ahí está realmente todo el marco conceptual económico. Los Objetivos del Desarrollo Sustentable no van a ser alcanzados si únicamente dependemos de la inversión del gobierno. En términos de inversiones sostenibles tamos viendo muchos fondos del sector privado en ese nuevo mercado que se está generando”.

Del encuentro, moderado por Patricio Lombardi, subsecretario de Relaciones Internacionales del gobierno provincial, también participaron el embajador argentino en Panamá, Marcelo Lucco y un representante del Smithsonian Institute, entre otros.

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