La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) abrió formalmente el llamado a licitación para la explotación del Paseo de la Infanta, un emblemático predio de 36 mil metros cuadrados que está ubicado a metros del Rosedal de Palermo y se compone de 15 locales gastronómicos actualmente alquilados por cadenas populares.
El Paseo fue recuperado recientemente por el Estado tras un fallo judicial que dictó el final de la concesión de Panter SRL, la firma que lo explotaba irregularmente desde 1993 y pagaba un canon mensual irrisorio, de apenas $55.000 mensuales, según reveló Infobae en agosto.
No hay que ser un experto en finanzas para entender la magnitud del negocio que hicieron sus tenedores. Ubicado bajo el puente ferroviario de la línea San Martín, entre la Avenida Libertador y Freyre, actualmente integran este concurrido polo gastronómico bares, restaurantes, cafeterías y heladerías muy reconocidas, entre ellas Williamsburg, La Mala, Komyūn, Avant Garten, Lucciano’s, Rock & Ribs y Starbucks.
¿Quiénes están detrás de Panter SRL? De los registros societarios y comerciales de la compañía surgen tres nombres que tienen un contacto en común: Ernesto Clarens. Se trata del financista que admitió en el caso de los Cuadernos de la Corrupción que no solo recaudaba coimas para Néstor y Cristina Kirchner, sino que luego iba a las cuevas de la City porteña a cambiar pesos por euros para que no se devaluara el botín.
En sus dichos como arrepentido ante el fiscal Carlos Stornelli, contó además algunos secretos del poder. Por ejemplo, blanqueó que a Kirchner le decían Rico Mc Pato -porque le gustaba mucho el dinero- y a CFK la araña -porque era mala, muy mala-. También relató escenas de violencia que tuvieron como víctimas a algunos miembros del entorno de los ex presidentes.
Uno de los nombres que conecta a Panter con el financista de los cuadernos es Jorge Vallarino, gerente general de la SRL hasta noviembre de 2017. En sus dichos como arrepentido, Clarens aseguró que Vallarino era un “corredor” que participaba en las operaciones de cambio de moneda. Pero pareciera que era mucho más que eso. El apellido Vallarino se repite en otras sociedades que comparten una curiosidad con las compañías de Clarens: todas tuvieron o tienen el domicilio de Maipú 311, uno de los edificios que aparece en el caso de los cuadernos como sede de recaudación.
Otro nexo es Eduardo Roca, abogado de Panter SRL y cerebro jurídico de la mayoría de los negocios en los que está involucrado Clarens. La relación entre ambos ya había sido revelada por Infobae en 2016. Por ejemplo, en Credisol, empresa que monopolizó el negocio de los préstamos entre los empleados públicos de Santa Cruz durante la Gobernación de Kirchner. Roca era director de la compañía y Clarens uno de los principales beneficiarios. Le facturó millones de pesos –en talonarios completos con numeración correlativa– en concepto de “asesoría”. En Santa Cruz dicen que en realidad utilizaba esa operatoria para aparentar una relación laboral con la firma de la que era dueño.
Roca, ex funcionario de la Secretaría de Energía durante la dictadura, anotó su apellido junto al de Clarens en Patagonia Financial Services, una empresa registrada en Tierra del Fuego para varias actividades: asesoramiento empresarial, proyectos financieros, construcción y servicios inmobiliarios. Se retiró en 2015, pocas semanas antes del recambio de Gobierno. También fundaron juntos Excel Servicios Aéreos, dedicada al transporte aéreo de pasajeros.
De acuerdo con diversos registros analizados por este medio, Roca participó en múltiples sociedades. Hay una que llama la atención por su nombre: Cabaña San Néstor SA. También figuró en los directorios de las fiduciarias Atria y Edificio North Ville, en ambas junto al arquitecto José Luis Colombo, yerno de Clarens, compañías que entablaron diversos negocios de dudosa legalidad con el holding de Lázaro Báez.
Y el tercer nombre -y quizás el más cercano- que explica la relación con la empresa que explotaba el Paseo de la Infanta es Natalia Clarens, hija del financista. Según cuentan en el entorno de Ramón Lanús, presidente de la AABE, la mujer intentó una negociación para evitar el fin de la concesión del Paseo de la Infanta.
La historia de la concesión del Paseo de la Infanta comenzó hace 26 años, cuando el predio fue cedido por Ferrocarriles Metropolitanos Sociedad Anónima. En diciembre de 2010, la entonces Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIF SE) —que ya no existe— prorrogó esa explotación hasta abril de 2018. Desde entonces, el contrato se encontraba vencido.
Los locatarios actuales del Paseo de la Infanta podrán continuar con sus actividades hasta 2020 mientras se resuelve la licitación, cuyas bases y condiciones se encuentran en el portal oficial Compr.ar. A partir de ese momento, deberán renegociar sus contratos con los nuevos administradores, quienes tendrán la concesión por 120 meses y deberán pagar un desembolso de $143.000.000 y un canon mensual mínimo de $1.195.000.
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