A raíz de los últimos casos en los que efectivos de la Policía Bonaerense pasaron a ser investigados por la muerte de los cuatro jóvenes en San Miguel del Monte y el confuso episodio en el que también murió un hombre de 30 años en Martín Coronado, la Conferencia Episcopal Argentina (CAE) publicó un comunicado expresando una serie de preocupaciones.
El texto, firmado por la Comisión Nacional de Justicia y Paz, dependiente de la CAE, manifestó que el mal accionar de las fuerzas de seguridad "representa una amenaza particularmente para los jóvenes y las personas más vulnerables".
También sostuvo: "Presentar como 'ejemplares' hechos mal llamados de justicia por mano propia o justificar actos violentos y delictivos sin esperar veredictos judiciales, no deberían caber en un país que aspire a pacificarse".
El texto completo
Lamentablemente, cuestiones relacionadas con la seguridad son noticia diaria. Frecuentemente afectan a grupos vulnerables: ancianos, mujeres, jóvenes, comunidades aborígenes, campesinos. Muchos hechos, posiblemente la mayoría, no tienen publicidad; o, según quienes sean o se consideren víctimas, alcanzan mayor o menor repercusión pública. Frente a ello, distintas voces expresan preocupaciones y reclamos; con sobrada razón, porque alteran la convivencia pacífica y destruyen. Gracias a Dios, la inmensa mayoría de nuestra sociedad aspira a vivir sin temores en un ámbito en que se respeten los derechos.
Se escuchan voces que proponen vías diferentes para enfrentar la inseguridad. Algunas no compatibles con el estado de derecho. Otras centralizan la problemática en la seguridad física o de los bienes materiales. No siempre se profundizan las causas que la provocan o favorecen. Presentar como "ejemplares" hechos mal llamados de justicia por mano propia o justificar actos violentos y delictivos sin esperar veredictos judiciales, no deberían caber en un país que aspire a pacificarse.
Ante los hechos en los que se han visto involucrados algunos miembros de las fuerzas de seguridad y que impactan en el corazón de nuestro pueblo, queremos compartir nuestra preocupación, expresar nuestro dolor y pedir a las autoridades todos los esfuerzos necesarios para esclarecerlos, sancionar a quienes no obran de acuerdo a la ley y promover la formación de quienes tienen la obligación de proteger a los ciudadanos.
Los hechos de violencia de gravedad extrema inducen a suponer que en algunas estructuras de las fuerzas de seguridad anidan procedimientos incompatibles con el Estado de Derecho y que, al quebrar sus principios básicos, representan una amenaza particularmente para los jóvenes y las personas más vulnerables.
Reconocemos y valoramos el esfuerzo de los varones y mujeres que trabajan
día a día por la seguridad ciudadana con verdadera vocación de servicio; sin
embargo, es urgente corregir situaciones altamente dañosas y promover una seria y adecuada formación para el ejercicio del rol que el Estado les confía, dejando definitivamente atrás la creencia que las tareas de las fuerzas de seguridad habilita para la impunidad.
Corresponde que se sigan promoviendo en quienes asumen este servicio a la comunidad, un cambio en las acciones agresivas, sean físicas o verbales, que muchas veces se dan, eliminando toda forma de actuación violenta o "gatillo fácil" que implique una clara desproporción en la intervención de su tarea.
Manifestamos nuestra solidaridad con las victimas de toda forma de violencia y sus familias y en especial con las involucradas en los acontecimientos de estos últimos días, que sufren por sus seres queridos. Este abrazo conlleva el reclamo y la exigencia de que se recorran todos los caminos de la verdad y la justicia que lleven a esclarecer los hechos y a sancionar a los responsables.
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