La Justicia intima a la comunidad para que desbloqueen los accesos y permitan la reanudación de las obras
Fueron seis meses de arduas negociaciones y antes otros seis de parálisis y piquetes en la reserva gasífera de Loma la Lata, en Neuquén. La estatal YPF y la comunidad mapuche Kaxipayiñ por fin acordaban una cifra: $28 millones recibiría la comunidad indígena para avanzar con un proyecto de explotación de 21 nuevos pozos con una vida útil de diez años emplazados en territorios de su propiedad. Una producción de hidrocarburos capaz de abastecer durante un año a 156 mil hogares o a todo el municipio de Lanús.
El lonko Gabriel Juan Cherqui rubricó el acuerdo el 26 de marzo pasado frente a escribano público. En el salón comunitario de la lof lo secundaban sus pares: el inan lonko José Feliciano Romero; uno de sus hijos, el werken Gabriel Cherqui, y autoridades de la empresa estatal.
Según YPF, todo había sido negociado antes con el abogado de la comunidad, Miguel Quiruga, del Estudio Mansilla. El convenio preveía $7,4 millones por la indisponibilidad de la tierra, una indemnización de $5,6 millones por deudas y daño ambiental y $15 millones por servidumbre de paso para la nueva extracción. Se contemplaba además el compromiso de remediación ambiental por viejas prácticas contaminantes de YPF en el área y se incluía la cláusula de no impedir u obstaculizar la actividad hidrocarburífera.
El acuerdo, sin embargo, solo logró la perforación de dos pozos. Ahora, entre medidas de fuerza y piquetes, la inversión de USD 80 millones está paralizada y se dirime en la justicia federal. Según señaló YPF a Infobae, fue el hijo mayor del lonko, el empresario Gabriel Rolando Cherqui, quien no había participado de la negociación, el que exigió la rescisión del convenio al tildarlo de nulo.
La tensión entre YPF y el empresario es de vieja data y se exacerbó el año pasado cuando Cherqui, un entusiasta de las jineteadas de Jesús María, exigió sin fundamento legal un canon adicional de $50 millones para permitir el ingreso de dos equipos de perforación en sus dominios. Desde entonces la tensión entre la comunidad y la empresa venía in crescendo: YPF frenó los pagos que adeudaba mientras los indígenas impedían explotaciones y tareas de remediación ambiental en el área. La directiva bajó de los altos mandos: "No cederemos a la extorsión y cada contrato deberá ceñirse a los montos regulados por el Ministerio de Energía". De allí que en YPF habían celebrado cerrar el capítulo de disputas con aquel convenio que garantizaba una coexistencia pacífica.
Según fuentes oficiales neuquinas, la ruptura del acuerdo obedece a un conflicto de representatividad dentro de la comunidad: el hijo mayor del lonko cuestiona la autoridad de su padre y, especialmente, su aval para negociar con las petroleras. "Aunque nada de eso se hará público por fuera de la comunidad, que cultiva alfalfa y cría ganado pero en realidad depende económicamente de las petroleras que le brindan todos los servicios básicos", explicaron.
"A diferencia de su padre lonko, Cherqui no vive como mapuche. Es un especulador; un extorsionador muy hábil para los negocios, que bajo una supuesta preocupación ambiental mantiene con las empresas que operan en el área imposiciones económicas fuera de la ley", lo describió el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente neuquino Jorge Lara. A pesar de las insistentes consultas, el empresario no respondió los mensajes de Infobae.
Pero la postura indígena se conoció a través de un comunicado de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN). Allí se argumentó que YPF ejerció coerción para acelerar un acuerdo que violó la buena fe de la comunidad y que no contó con el aval de los más de 130 mapuches que integran la lof Kaxipayiñ.
"El proceso de consulta indica que todo acuerdo debe ser en base a una información previa, libre e informada. Nada de eso se cumplió, porque a la hora de firmar ni los asesores jurídicos ni la comunidad estaban al tanto sobre los términos del acuerdo", dijeron las mismas tres autoridades indígenas que rubricaron el convenio.
Tras sopesar las pruebas documentales en la interrupción de las obras, la justicia federal intimó este fin de semana a la lof para que libere los ingresos y se reinicien las perforaciones de los 21 pozos, que demandarán 14 meses de obra y emplean a 160 operarios.
Pero, según observadores neuquinos, el conflicto está muy lejos de resolverse: "YPF ya radicó 17 denuncias contra esta y la comunidad Campo Maripe, que también responde a Cherqui, y la Justicia jamás actuó. Acá primero deberán revisar la legalidad del contrato, pero aún si está sujeto a derecho, ningún juez está dispuesto a utilizar la fuerza contra los mapuches. Y mucho menos después del caso Maldonado y Nahuel. Por eso toda la industria de hidrocarburos sabe que si quiere explorar deberá someterse al canon mapuche", señaló una fuente oficial.
Un alto ejecutivo de YPF lo graficó de esta forma: "Nos dimos cuenta de que había procesos y negociaciones que debían cambiar drásticamente el día que se recibió la primera camada de una escuela que nosotros les construimos a la comunidad. Nos exigían que les pagáramos el viaje de egresados. ¿En qué consistía? Era un crucero para unas 30 personas a Brasil".