Según el informe oficial de Argentina del 2026 Out of the Shadows Index, elaborado por Economist Impact, que mide la capacidad de los países para prevenir y responder a la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, el país obtuvo 47,6 puntos sobre 100 y se ubicó en el décimo lugar entre 16 países de América Latina y el Caribe.
La información es preocupante al observar los contrastes internos: Argentina obtuvo 70 puntos sobre 100 en el área de healing o reparación y 54,5 en justicia, pero descendió a 43,3 en prevención y alcanzó 18 puntos en gobernanza y rendición de cuentas.
Estos números no hablan solo de desempeño institucional: hablan de salud mental infanto-juvenil, porque cada falla de prevención, escucha y protección se traduce luego en trauma, síntomas, miedo, autolesiones, intentos de suicidio y desconfianza hacia el mundo adulto.
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La salud mental infanto-juvenil no puede pensarse separada de las políticas, es decir, de la capacidad real de transformar los sistemas para el cuidado y la protección para las personas más vulnerables que lo habitan.
El índice rescata leyes, políticas o servicios, pero alerta acerca de la persistencia de lagunas en cobertura y rendición de cuentas. Una lectura del informe es que las normas pueden existir, pero sin coordinación, financiamiento, prevención efectiva, seguimiento y responsabilidad institucional, la protección de la infancia sigue quedando demasiado lejos de la vida real.
Argentina muestra una contradicción muy dolorosa: ha logrado avances normativos importantes, como la prohibición expresa del castigo corporal en todos los ámbitos a partir del Código Civil y Comercial vigente, pero esa conquista legal no alcanza si no se traduce en vigilancia, cumplimiento efectivo, prevención y transformación cultural.
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Tenemos la legislación, pero las leyes no alcanzan si no existen condiciones materiales, políticas e institucionales para prevenir, detectar, escuchar, reparar y sostener respuestas a largo plazo.
Todavía falta lograr la imprescriptibilidad penal de los delitos de violencia sexual padecidos durante la infancia, crear comisiones de la verdad que permitan dimensionar el número real de víctimas y ofrecer reparación y construir algo más ambicioso, nuestro sueño, un organismo único que nuclee a todos, con talla política acorde a la gravedad de las problemáticas que atraviesa la niñez: un Ministerio de la Infancia, que venimos proponiendo desde hace años mediante un proyecto de ley.
Una institucionalidad capaz de prevenir, escuchar, reparar y colocar a la infancia en el centro real de la agenda pública, no en los bordes panfletarios y decorativos del discurso.
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La institucionalidad, que otorga la protección y cuidado que se necesita, requiere decisión política, consensos serios y una voluntad real de colocar a la infancia por encima de los cálculos partidarios.
Por eso, como escribí en julio de 2025, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién defiende a la infancia?
No puedo ocultar mi amarga decepción frente a una dirigencia política que, en lugar de construir acuerdos responsables para proteger a bebés, niños, niñas y adolescentes, parece disputar cargos y espacios como si se tratara de un trozo de torta, mientras la infancia argentina atraviesa una realidad feroz que no admite más demoras.
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Hoy la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación vuelve a quedar acéfala después de un concurso atravesado por cuestionamientos, opacidades y disputas que conozco de cerca, porque fui finalista de ese proceso. Esta es una expresión más de las lagunas que señala el informe.
Cuando el organismo llamado a defender los derechos de la infancia queda vacante, y los procesos institucionales pierden transparencia o quedan capturados por escándalos se debilita la prevención, la protección no llega, se fragmentan las respuestas y se diluye la responsabilidad estatal frente a las violencias contra niños, niñas y adolescentes y nadie puede defender la caída del financiamiento.
No alcanza con proclamar derechos, ni mostrar estadísticas si después las instituciones quedan acéfalas, fragmentadas o sometidas a negociaciones ajenas a la urgencia de la infancia.
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Estas lagunas golpean con mayor crudeza a quienes ya se encuentran en condiciones de desigualdad: niñas, niños y adolescentes con discapacidad, infancias pobres, migrantes, indígenas, afrodescendientes, institucionalizadas o que viven en territorios donde el acceso a salud, justicia, educación y protección es fragmentario o directamente insuficiente.
La interseccionalidad es el vértice donde se verifica con más dureza la falla del sistema. Allí donde se necesitan más apoyos, accesibilidad, escucha y presencia estatal, hay más obstáculos, silencios y soledad.
Mientras a nivel global y local se realizan eventos, se anuncian compromisos y se multiplican discursos sobre la protección infantil, en la vida concreta seguimos recibiendo en los servicios locales, en los hospitales y en los consultorios a bebés, niños y niñas atravesados por maltratos, agresiones sexuales en ámbitos presenciales y digitales, consumos problemáticos mediados por pantallas, autolesiones, intentos de suicidio y problemáticas extremas de salud mental.
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Y también recibimos el pedido desesperado de organismos y equipos que deben decidir sobre casos gravísimos sin espacios suficientes de supervisión, acompañamiento ni resguardo institucional. Los trabajadores del sistema de protección, lo digo siempre, están precarizados y demasiado solos. Y cuando quienes deben cuidar también quedan desamparados, la fragilidad institucional vuelve a caer sobre la infancia.
El índice permite observar otra dimensión relevante: los puntajes vinculados a reparación y justicia aparecen relativamente más altos que aquellos relacionados con prevención primaria. Es decir, los sistemas continúan llegando principalmente después del daño.
Se interviene cuando ya hay una víctima intentando sobrevivir al trauma, cuando los efectos psíquicos, físicos y sociales comienzan a lastimar, cuando aquello que debió ser escuchado a tiempo ya produjo marcas profundas, que pueden acompañar toda la vida.
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A pesar de esto, persiste una tendencia preocupante a presentar ciertos números de manera edulcorada, casi celebratoria, como si la producción de datos bastara por sí misma para transformar la realidad.
En un campo donde también se disputan subvenciones, visibilidad internacional y espacios de poder, resulta necesario preguntarse quiénes terminan recibiendo los recursos y quiénes quedan otra vez en los márgenes.
Lo cierto es que demasiadas veces los fondos no fortalecen a quienes sostienen cotidianamente el trabajo territorial, clínico y comunitario con niños, niñas, adolescentes y sobrevivientes, sino a estructuras que administran el lenguaje del dolor, lo convierten en capital simbólico y lo utilizan como plataforma de autopromoción.
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Hace poco tiempo circuló en el campo internacional una noticia que debería encender alarmas masivas, iniciativas serias dedicadas a la prevención de las violencias contra niños, niñas y adolescentes atraviesan situaciones de enorme fragilidad por falta de financiamiento suficiente.
Se trataba de un espacio reconocido por impulsar investigaciones, redes, producción de datos y estrategias innovadoras. Este cierre expone algo bestial y muy doloroso, mientras muchas estructuras serias dedicadas a la prevención, el acompañamiento y la construcción de políticas públicas y el apoyo real a sobrevivientes, sobreviven en condiciones de extrema fragilidad, otros circuitos logran convertir el dolor infantil y la voz de sobrevivientes en capital simbólico, visibilidad, prestigio y acceso a recursos.
El dato argentino se inscribe, además, en un panorama global igualmente preocupante. El índice señala una puntuación media de 52,6 sobre 100 entre los 60 países evaluados, donde vive el 83% de los niños del mundo. Ningún país obtuvo más de 83 puntos, lo que muestra que incluso los sistemas mejor posicionados están lejos de una respuesta suficiente.
Aún más preocupante es que solo 2 de los 60 países cuentan con Consejos Nacionales de Sobrevivientes. Es decir, mientras se producen diagnósticos, eventos y compromisos en nombre de quienes atravesaron estas violencias, la experiencia vivida sigue estando escasamente integrada en la toma real de decisiones. Se habla de las víctimas y sobrevivientes mucho más de lo que se redistribuye el poder hacia ellas.
En ARALMA, la asociación civil que dirijo, por ejemplo, contamos con una plataforma conformada por 215 personas sobrevivientes de agresiones sexuales intrafamiliares y extrafamiliares, que participan de espacios de apoyo para recuperarse, acompañar a otros y sostener campañas de prevención como “La Voz de la Infancia”, una iniciativa nacida en 2015 que busca declarar el 8 de agosto como día de reconocimiento, escucha y visibilización de las infancias.
Sostener una campaña permanente desde una organización de la sociedad civil resulta muy complejo, pero nace frente a la ausencia en Argentina de una política pública federal, sistemática y sostenida de prevención del maltrato y la violencia sexual contra bebés, niños, niñas y adolescentes.
La violencia contra la infancia no deja solo estadísticas. Se trata de bebés, niños, niñas y adolescentes tratando de sobrevivir, de dormir con un miedo que paraliza, desconfiando del mundo adulto, cargando vergüenza por aquello que nunca debieron atravesar y buscando algún lugar donde su palabra no sea silenciada ni desmentida.
La lógica reactiva, llegar una vez se produce el daño, explica, en parte, por qué muchas situaciones de violencia permanecen invisibilizadas durante años.
Muchas víctimas infantiles pasan luego décadas enteras intentando sobrevivir antes de poder nombrar lo inenarrable. La media para que una persona devele el crimen del que fue víctima en la infancia es de 25 años. Ese tiempo está plagado de miedo, de síntomas, de sentimientos profundos de soledad que tienen secuelas a lo largo de la vida, si no se los trata a tiempo.
Miles de niños, niñas y adolescentes continúan creciendo en contextos atravesados por negligencia, violencia física, agresiones sexuales, explotación, humillación, abandono y desprotección institucional.
Hoy 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 7 niños padece alguna forma de violencia sexual antes de los 18 años. Este dato también debe leerse en el marco de una crisis global de salud mental infanto-juvenil, como parte de una trama donde violencia, desamparo, desigualdad, trauma y ausencia de respuestas tempranas se enlazan de manera persistente.
Por ello es importante pensar que la violencia y el desamparo es persistente, desde la historia misma de la humanidad, y se sostiene porque como sociedades minimizamos el sufrimiento infantil, desacreditamos los relatos, naturalizamos prácticas violentas y nocivas, y carecemos de recursos adecuados para intervenir tempranamente, pero sobre todo no exigimos los cambios que se requieren.
Estos números muestran que la fragilidad reside en las condiciones materiales, políticas e institucionales necesarias para sostener redes de cuidado, prevención, reparación y salud mental a corto y largo plazo.
El propio índice insiste en que sus resultados no deben leerse como una condena definitiva, sino como una “hoja de ruta para el progreso”. Incluso esa formulación deja al descubierto otra interpelación antigua y, al mismo tiempo, más vigente que nunca: cuánto lugar ocupan realmente la infancia, la salud mental y la recuperación de las víctimas dentro de las prioridades políticas y económicas de nuestra sociedad.
Sabemos que producir datos es imprescindible, pero no suficiente: la pregunta ética y política es si esos números vuelven a las vidas que nombran, si fortalecen respuestas concretas, si amplían la escucha de sobrevivientes y si se traducen en prevención, reparación y cuidado real.
*Sonia Almada es Lic. en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO). Se especializó en infancias y juventudes en Latinoamérica (CLACSO). Fundó en 2003 la asociación civil Aralma que impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia infancias y juventudes y familias. Es autora de tres libros: La niña deshilachada, Me gusta como soy, La niña del campanario y Huérfanos atravesados por el femicidio.