El Gobierno nacional oficializó, a través del Decreto 27/2026, una actualización en la estructura y competencias del Ministerio de Salud de la Nación, con el objetivo, se informó, de fortalecer su rol rector y de control sobre el sistema sanitario argentino. Tal como se había anunciado, entre las principales medidas, se dispuso la incorporación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como Secretaría Nacional de Discapacidad dentro de la estructura central del ministerio.
La reestructuración busca ordenar las responsabilidades institucionales y consolidar la capacidad de supervisión estatal, dijeron fuentes del Ministerio de Salud a Infobae. Según se informó, la nueva Secretaría Nacional de Discapacidad mantendrá a su cargo la formulación de políticas públicas en materia de discapacidad y la gestión de las pensiones no contributivas por invalidez laboral, integrando los sistemas de control médico, administrativo y financiero. La intención, dijeron los voceros, es mejorar la trazabilidad de los expedientes y robustecer las auditorías internas.
La nueva Secretaría Nacional de Discapacidad contará con dos subsecretarías: la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, responsable de diseñar y coordinar programas que faciliten la inclusión y el acceso a derechos, y la Subsecretaría de Regulación, Certificación y Proyectos, encargada de la certificación de discapacidad, la regulación de prestaciones y la supervisión de proyectos específicos. Estas áreas buscan garantizar una mayor articulación en la implementación de políticas públicas y mejorar la eficiencia en la atención de las personas con discapacidad, se informó.
Fuentes del Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones, indicaron que la integración de la ANDIS responde a la necesidad de evitar duplicidades, optimizar recursos públicos y garantizar la continuidad de los derechos y prestaciones para las personas con discapacidad. Según había informado Infobae, se produjo una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica y la unificación de criterios sanitarios y presupuestarios. Alejandro Vilches, médico especializado en gestión sanitaria, queda a cargo de la nueva secretaría para asegurar la continuidad en la gestión, según indicaron los voceros.
Según informaron desde la cartera sanitaria, la reducción en la estructura jerárquica implicará una reasignación de partidas presupuestarias, lo que permitirá destinar más recursos a programas y prestaciones directas para personas con discapacidad. Además, la centralización de funciones administrativas busca optimizar los gastos operativos y evitar la superposición de funciones que generaba costos innecesarios en la gestión anterior, dijeron los voceros.
En agosto pasado, Vilches había sido designado como interventor de la ANDIS, tras la renuncia del anterior titular, Diego Spagnuolo, involucrado en un escándalo por presuntos pagos de coimas.
La reorganización también incluye la transferencia integral de la gestión del Programa de Cannabis Medicinal a la órbita de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR). El objetivo es reforzar el enfoque sanitario, médico y científico del uso terapéutico del cannabis, conforme a la Ley 27.350, se informó. Esta decisión se complementa con la actualización de los requisitos de inscripción al Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), orientada a fortalecer la trazabilidad y prevenir desvíos de finalidad.
Asimismo, el nuevo esquema centraliza en el Ministerio de Salud las funciones de habilitación, registro y fiscalización de establecimientos de salud, lo que amplía el control estatal sobre los diferentes subsectores del sistema sanitario. El decreto señala que, hasta finalizar la reestructuración, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales de nivel inferior a subsecretaría, junto al personal y las dotaciones actuales.
El proceso se alinea con la política oficial de reorganización interna y centralización de competencias, en búsqueda de mayor eficiencia y transparencia, según la cartera sanitaria. El Ministerio de Salud asume así un papel más protagónico en la administración de políticas públicas sanitarias y sociales, en especial en lo relativo a la discapacidad y a la regulación de prácticas terapéuticas emergentes como el uso del cannabis medicinal.