Más del 80 % de las personas privadas de libertad en la República Dominicana presenta algún tipo de problema de salud mental, según expuso experta durante el congreso Euro Summit 2026. Este porcentaje supera ampliamente el estimado para la población general, que se sitúa en torno al 20 %, y revela una brecha profunda en la atención psiquiátrica dentro del sistema de justicia del país.
La información fue dada a conocer en el marco de la conferencia “Justicia sin salud mental no es justicia: el modelo SIM como marco de transformación”, celebrada el sábado y que reunió a más de 200 especialistas nacionales e internacionales. La psiquiatra forense Nubia Lluberes, explicó que el elevado número de internos con trastornos mentales no se debe a una mayor comisión de delitos, sino a la falta de tratamiento adecuado antes de su ingreso al sistema penal.
PUBLICIDAD
Según una publicación de Diario Libre, la especialista destacó que muchos privados de libertad nunca recibieron atención o diagnóstico oportuno, lo que los llevó a ser absorbidos por el sistema penitenciario sin alternativas de intervención previa. Una vez dentro de las cárceles, las dificultades para acceder a servicios psiquiátricos y de salud mental suelen intensificarse, agravando el estado de quienes ya presentan alguna condición.
Lluberes señaló que el enfoque actual del sistema de justicia en la República Dominicana responde casi exclusivamente con el encarcelamiento, dejando de lado el tratamiento especializado que requieren muchos pacientes con trastornos mentales. Esta situación, advirtió, exige un replanteamiento de la relación entre justicia y salud mental en el país.
Como parte de su exposición, la psiquiatra presentó el Modelo de Interceptación Secuencial (SIM), una herramienta desarrollada en Estados Unidos para identificar seis puntos clave en los que las personas con enfermedades mentales pueden recibir atención, tanto antes como después de su paso por el sistema judicial. El modelo busca que los servicios comunitarios, la policía, los hospitales, los tribunales y el sistema penitenciario actúen de manera coordinada para prevenir ingresos innecesarios a prisión.
PUBLICIDAD
De acuerdo con la experiencia de Nubia Lluberes en el sistema penitenciario de Texas, la falta de comunicación entre instituciones puede derivar en consecuencias graves para los internos, como el deterioro acelerado de su estado de salud, episodios de violencia, suicidios o la utilización de la fuerza, situaciones que podrían evitarse con una adecuada coordinación y atención temprana.
La especialista consideró que la aplicación del Modelo SIM en la República Dominicana permitiría fortalecer la red de servicios de salud mental comunitaria y mejorar la capacitación del personal policial y judicial. Además, subrayó la importancia de establecer canales efectivos de comunicación entre hospitales, tribunales y centros penitenciarios para garantizar que las personas con trastornos mentales accedan al tratamiento necesario en cada etapa del proceso judicial.
Durante el Euro Summit 2026, celebrado en la capital dominicana, se abordaron los principales desafíos de la salud mental en la región, con especial atención a la necesidad de políticas públicas y prácticas clínicas basadas en la evidencia. La presentación de Lluberes formó parte de una serie de conferencias dirigidas a fomentar un enfoque integral y humanizado en la atención de las personas que enfrentan procesos judiciales y presentan condiciones psiquiátricas.
PUBLICIDAD
El encuentro reunió a expertos de distintos países, quienes debatieron sobre estrategias para mejorar la atención en salud mental y su relación con los sistemas penales. La cifra presentada por Lluberes refuerza la urgencia de revisar los protocolos de atención dentro de las cárceles y de avanzar hacia una justicia que contemple la salud mental como parte fundamental de su funcionamiento.
PUBLICIDAD