El cronograma de actividades destacadas de la semana difundido por Presidencia contiene eventos solo para este lunes que pasó y para este martes. “No es que no se vaya a trabajar, todo lo contrario, pero no vamos a estar haciendo otra cosa que organizar la visita del Papa”, avisan en la Casa Rosada.
Con esa dinámica instalada en la gestión, en el Gobierno anunciaron ayer por la noche la suspensión de la Mesa Política. Tal como adelantó Infobae, su concreción estaba en duda por el viaje del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, a Washington para participar como veedores de las elecciones en Estados Unidos.
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Se trata de dos de los ocho integrantes de ese círculo de funcionarios políticos que intenta reunirse de forma semanal para hacer seguimiento de la hoja de ruta del oficialismo. La Mesa Política no se reúne desde el 20 de octubre pasado y seguramente no lo haga hasta el 17 de noviembre próximo, debido a que la semana que viene estará atravesada por la tercera jornada de la visita de León XIV a la Argentina.
En el último encuentro, los funcionarios evaluaron las posibilidades de avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Diego Santilli buscó transmitir confianza a Karina Milei sobre la viabilidad de conseguir acuerdos, mientras que Patricia Bullrich planteó que todavía no hay una estimación precisa de los senadores que podrían respaldar la reforma y remarcó que la definición depende de una negociación política con los aliados.
La discusión se concentró en el vínculo con los gobernadores radicales, debido a que la Unión Cívica Radical (UCR) tiene 10 senadores que pueden resultar decisivos. El oficialismo apuesta a obtener los apoyos de Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro, Juan Pablo Valdés y Leandro Zdero, aunque persisten diferencias sobre la estrategia electoral en las provincias y sobre la posibilidad de que La Libertad Avanza compita con candidatos propios.
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Santilli considera que cuentan con los votos si desde el proyecto nacional de La Libertad Avanza le dan la autorización política para ofrecer acuerdos, pero esa autorización todavía no llegó y el proyecto sigue sin avances en comisión en el Senado. Al respecto, en el karinismo apuntan a Bullrich, a quien su círculo de confianza y empresarios afines alientan a lanzarse a una apuesta presidencial si la imagen de Javier Milei se deteriora.
Bullrich se siente incomprendida en el esquema político actual del Gobierno. Considera que no le dan participación en las decisiones oficiales en relación con el caudal electoral que afirma tener. Las discrepancias que fue marcando con Milei y su Gabinete se vieron en distintos desmarques en los medios. Uno de los últimos fue su repudio a las palabras del Presidente por la forma en que arremetió contra los periodistas. Eso llevó a que no quisiera asistir a la última reunión de Gabinete, realizada la semana pasada.
Coincidencia o no, al día siguiente se suspendió la Mesa Política “por cuestiones de agenda”, aunque hay quienes afirman que, en rigor, las internas múltiples que acechan al oficialismo hacían imposible la concreción de ese encuentro.
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“Tenemos una agenda de gestión paralizada. Si el Gobierno consigue impulsar el Presupuesto, la Reforma Política y la Ley de Soberanía Nacional, vamos a poder decir que nuestro fin de año fue un éxito, aunque en términos relativos es realmente poco. El año próximo vamos a tener que colgarnos del travesaño para poder aprobar algo o simplemente tener iniciativa”, reflexiona un funcionario con despacho en la Casa Rosada que dialogó con Infobae.
Ante ese escenario, el Congreso también afrontará dos semanas de actividad reducida, con viajes de legisladores a Estados Unidos, la visita del papa León XIV y feriados que achicarán el calendario antes del cierre del período ordinario, previsto para el 30 de noviembre.
El oficialismo buscará acelerar un paquete amplio de iniciativas, entre ellas el Presupuesto 2027, la reforma electoral para suspender las PASO, la ley de discapacidad, la Ley Malvinas, cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, la reposición de la Ley de Tierras, una nueva Ley de Salud Mental y el Tratado de Cooperación de Patentes. Esta semana, el Senado intentará dictaminar el proyecto de discapacidad para llevarlo al recinto el 19 de noviembre, mientras que Diego Santilli dará el 25 su primer informe de gestión como jefe de Gabinete.
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En Diputados, el Presupuesto se complicó por exigencias del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), que reclaman cambios como una rebaja del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). También habrá presión de intendentes del interior por la distribución de subsidios al transporte, ante el aumento de fondos para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La Libertad Avanza proyecta una sesión para el 18 de noviembre con la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central, mientras siguen trabados la reforma electoral y el debate sobre la Ley de Tierras. En paralelo, los bloques aliados impulsan sus propias prioridades, como incentivos a grandes inversiones, sanciones por vandalismo rural, regulación del mercado de carbono y una reforma de la Ley de Cabotaje.
Esta semana, el Gobierno sigue con atención las elecciones legislativas de Estados Unidos ante la posibilidad de que el Partido Republicano pierda posiciones en el Congreso. Aunque Milei mantiene una relación política estrecha con Donald Trump, en la Casa Rosada creen que un resultado adverso para el oficialismo estadounidense no pondría en riesgo el vínculo bilateral ni el respaldo financiero de Washington a la Argentina. De todos modos, reconocen que un nuevo equilibrio de fuerzas podría elevar el costo político de futuras asistencias.
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La principal preocupación oficial pasa por el posible impacto en los mercados y en las condiciones de financiamiento externo. Una mayoría demócrata podría impulsar iniciativas que limiten nuevas ayudas a la Argentina, aunque no impediría de forma automática decisiones del Tesoro o de la Casa Blanca. El resultado también podría influir en la agenda comercial, mientras el Gobierno espera definiciones sobre los aranceles al acero y al aluminio y sobre el acuerdo bilateral firmado con Estados Unidos.
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