El PRO avanza con el pedido de juicio político a la jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil

El PRO también impulsará el pedido de juicio político contra la jueza Marta Pascual, quien suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires por 60 días, junto con La Libertad Avanza. En ese sentido, el partido libertario había anticipado que buscarían la destitución.

El presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, habló con la prensa a la salida de una reunión en la Casa Rosada con funcionarios del oficialismo y aseveró: “Hablamos sobre lo que está pasando en la provincia en el ámbito de la inseguridad, de la importancia que tiene hoy que el Ministerio de Seguridad de la Nación trabaje. Realmente no podemos entender, básicamente en términos políticos, cómo el gobernador, la verdad que se concentra mucho más en la interna de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. No da respuestas”.

Además, apuntó contra la magistrada: “Tanto desde Libertad Avanza como desde el PRO se ha presentado un juicio político para la magistrada”. Ritondo justificó que la normativa es “muy importante” y agregó: “En el Congreso se discutió muchísimo tiempo y que, después de ocho meses de discusión permanente, la ley salió. Que la provincia de Buenos Aires no se adecúe, que es justamente el lugar donde más delitos y más menores participan en el delito”.

La decisión que desencadenó la reacción política fue firmada por Pascual en su rol como titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora y presidenta del Tribunal Penal Juvenil Único de ese departamento judicial. La jueza hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, con patrocinio letrado de la doctora Patricia Liguori, en beneficio de adolescentes privados de su libertad.

En la cautelar, Pascual planteó que “lo que se debe resolver es si el Estado puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables para cumplir los estándares constitucionales y convencionales que rigen toda privación de la libertad durante la adolescencia”. La misma resolución convocó a una audiencia para el 16 de septiembre a las 10.00 horas, en la sala de juicios orales del tribunal, para que los responsables de las principales áreas del poder ejecutivo provincial informen sobre las medidas tomadas y previstas para implementar la ley.

De elevarse el pedido de jury, deberá presentarse ante la Secretaría de Enjuiciamiento, organismo con competencia para recibir denuncias de cualquier ciudadano o institución contra magistrados y funcionarios del Ministerio Público. El presidente de LLA bonaerense y diputado nacional, Sebastián Pareja, sostuvo que la decisión de la magistrada busca frenar la entrada en vigencia de una norma que ya atravesó el tratamiento legislativo. “Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política”, expresó Pareja, quien calificó el fallo como una resolución “profundamente antidemocrática”.

La resolución también abrió una discusión dentro del propio Poder Judicial bonaerense. El fiscal del fuero penal juvenil de San Isidro, Andrés Zárate, sostuvo que la medida de Pascual carece de alcance general y anticipó que continuará aplicando la legislación vigente en su jurisdicción. “Yo de ninguna manera voy a acatar un fallo de esa naturaleza”, afirmó en declaraciones radiales. Zárate argumentó que un juez penal puede declarar la inconstitucionalidad de una norma en un expediente concreto, pero no dejarla sin efecto para toda la provincia.

Como respaldo de su postura, mencionó que la nueva ley ya produjo efectos en causas judiciales: citó el caso de un condenado por el crimen de Matías Urbani, asesinado en Tigre en 2009, cuya situación fue revisada por aplicación del principio de ley penal más benigna. Según su interpretación, si el régimen puede emplearse para revisar condenas a favor de acusados, también debe regir para los procesos nuevos.

Pascual cuenta con más de 35 años de trayectoria en áreas vinculadas con niñez y adolescencia. Nacida y criada en Almirante Brown, es abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata con posgrados en Derecho Público y Magistratura. Desde fines de la década del 80 trabajó en problemáticas ligadas a la vulnerabilidad infantil, lo que la acercó a la función pública bonaerense. En esa etapa, se desempeñó junto a Hilda “Chiche” González de Duhalde e integró el Consejo Provincial del Menor y la Familia, el Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano, y fue designada ministra de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires. También trabajó como consultora de Unicef y presidió la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia, desde donde representó al país en encuentros en América Latina, Europa y Asia.